Preguntero Comercial

Primera parte

  1. Historia del Derecho Comercial
  2. El Derecho Comercial en Argentina. Antecedentes
  3. El Código de Comercio argentino
  4. Concepto actual del Derecho Comercial. El derecho comercial del Siglo XXI.
  5. Evolución conceptual del derecho comercial
  6. Caracteres del derecho comercial. Unificación del derecho privado
  7. Fuentes del derecho comercial. Nuevas fuentes del derecho comercial
  8. Organismos internacionales de unificación del Derecho Comercial: Uncitral, Unidroit, Conf. de la Haya, CIDIP
  9. Principios informantes. Los principios Unidroit.
  10. Relaciones del Derecho Mercantil con otras ramas del Derecho: Constitucional, Civil, Administrativo, Penal, de la Integración, Espacial, Concursal

 

Segunda parte

  1. Principios informantes
  2. Aplicación de los principios informantes
  3. Los actos de comercio, nacimiento e historia
  4. Enumeración del Código de Comercio argentino
  5. El articulo 8 y otros vinculados a los actos de comercio
  6. Actos aislados
  7. Acto de comercio para una sola de las partes
  8. Aplicación de los actos de comercio

 

Tercera parte

a)      Generalidades.

  1. El comerciante, el industrial y el empresario
  2. Comerciante y empresa
  3. Derecho comparado
  4. Calidad de comerciante
  5. Adquisición y pérdida de esa calidad
  6. Capacidad del comerciante
  7. Profesión habitual
  8. Pérdida de la calidad del comerciante
  9. Prueba.

b)      Estatuto del comerciante.

  1. Clases de comerciante
  2. El llamado estatuto del comerciante
  3. Menores
  4. Mujeres
  5. Incompatibilidad e incapacidad
  6. El ejercicio del comercio del menor con uno de sus padres.
  7. El comerciante en el mercado. Lealtad comercial. Derecho de la competencia.
  8. El comerciante y el consumidor. Protección del consumidor.

Cuarta parte

  1. El estatuto del comerciante. Obligaciones
  2. La matrícula
  3. Registro Público de Comercio
  4. Libros y contabilidad
  5. Rendición de cuentas
  6. Derecho de los comerciantes
  7. La jurisdicción comercial
  8. El arbitraje

Quinta parte

  1. Estatutos especiales. Los llamados auxiliares de comercio
  2. Corredores
  3. Martilleros
  4. Factores
  5. Acarreadores
  6. Agentes de bolsa
  7. Productores asesores de seguros
  8. Otros auxiliares de comercio

 

Sexta  parte

a)      Generalidades.

  1. La empresa. Historia de la doctrina de la empresa
  2. Concepto de empresa. Empresa individual y colectiva. Limitación de la responsabilidad
  3. La empresa según la Iglesia Católica
  4. El empresario y sus dependientes
  5. El capital de la empresa
  6. Ubicación espacial.

b)      Formas empresarias.

  1. Fondo de comercio. Noción. Transferencia. Régimen legal.
  2. Los bienes inmateriales
  3. Las empresas dirigidas o en las que interviene el Estado
  4. Los llamados contratos de empresa
  5. La empresa de la economía social
  6. El Derecho Comercial en el Siglo XXI

 

Séptima parte.

  1. Seguro: Concepto. Naturaleza. Definición. Clasificación y Elementos del contrato de seguro.
  2. La Empresa de Seguros. El control del Estado.
  3. Los intermediarios en el seguro.
  4. Celebración del contrato de seguro.
  5. Obligaciones del asegurador.
  6. Obligaciones y cargas del asegurado.
  7. Interés asegurable.
  8. Siniestro.
  9. Prescripción.

 

Octava parte.

  1. Concepto de Propiedad Industrial.
  2. Denominaciones de origen.
  3. Marcas y Designaciones. Régimen.
  4. Patentes de Invención y Modelos de utilidad. Régimen.
  5. Modelos y Diseños industriales.
  6. Nulidad y Caducidad de las Patentes.
  7. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
  8. Agentes de la Propiedad Industrial.

 

PRIMERA PARTE

1)  Antecedentes históricos: la edad media, la aparición del derecho mercantil, las ferias y los mercados. El contrato de cambio. Las corporaciones.

A causa de la caída de Imperio Romano de occidente, se produce un gran golpe al comercio. Se pierden las rutas comerciales, desaparecen ciudades, bienes y personas. Se produce una gran migración de las ciudades al campo. Aparece el Feudalismo cuya estructura principalmente agrícola-pastoril en manos del señor feudal, ahogaba toda iniciativa personal.

A partir del siglo XI comienza una era de prosperidad en Europa Central, aumenta la riqueza agrícola, crece la población, florecen las ciudades: a ellas vuelve la población, no solo por motivos económicos, sino para liberarse del yugo del señor feudal; esto trae un especial significado económico, ya que las ciudades son un centro de consumo, de cambio y producción. Se desarrolla del comercio y nace una actividad industrial, el artesanado.

Ferias y mercados: las ferias son de carácter discontinuo, allí concurren los mercaderes profesionales a mostrar e intercambiar sus productos. Los mercados son permanentes, allí se vende al menudeo y a ellos concurre la población a abastecerse. En ambos, ferias y mercados, intercambian o venden productos, se rinden las cuentas y se liquidan las deudas.

La aparición del Derecho Mercantil: la creciente actividad económica que se realiza en las ciudades tropieza con el derecho romano canónico, demasiado formalista, y leyes germanas, fundamentalmente consuetudinarias. Los comerciantes necesitan un derecho propio principalmente por 2 razones: 1) necesitaban reglas más simples que las del derecho común, demasiado formalista, que facilitara la celeridad de las operaciones del comercio; y 2) en aquella época el comercio adquiere un carácter internacional muy marcado, los mercaderes necesitan reglas comunes que les permitan operar.

El contrato de cambio: es una figura jurídica utilizada por los comerciantes con el fin de agilizar sus negocios y evitar el envío de la moneda a lugares lejanos. Se perfecciona esta modalidad negocial en las ferias y mercados, donde va perdiendo los rasgos de contrato solemne de la antigüedad, tiempo en el que requería testigos, notario; y una redacción muy detallada. Con el paso de un largo período de tiempo evoluciona hasta aceptarse una carta, un papel con un título, con una breve escritura y la firma del responsable.

Las corporaciones: son asociaciones de mercaderes y artesanos, que se reúnen para regular su actividad y defender sus derechos. Recopilan usos y costumbres de la época, formando la legislación estatutaria (emanadas de resoluciones de asambleas y de los fallos de fueros especiales), ya que advierten la necesidad de dirimir los conflictos mediante tribunales especializados que conocieran profundamente las características de la actividad. De esta forma los comerciantes crearon sus propias normas las que, de consuetudinarias, se convirtieron en estatutarias y, finalmente, se convirtieron en manifestación del Derecho legislado.

 

2)  Antecedentes históricos: la salida del período medieval. Las sociedades y los bancos.

Las técnicas mercantiles progresan y con ellas también las jurídicas. Los italianos dominaban los principales mercados, manejaban sus asuntos con representantes en las diferentes plazas y por correspondencia. Los grandes mercaderes debían poseer una gran cultura. El tráfico mercantil comienza a hacerse multiforme y complejo.

Luego la hegemonía de las ciudades italianas es sustituida por el crecimiento de Europa central, donde crece el poder de los señores y reyes, y el comerciante individual pasa a ser un empresario con gran influencia y poder.

En el siglo XV con la era de grandes descubrimientos Europa comienza una era de colonización y explotación de los nuevos territorios.

Durante el renacimiento, a partir de una serie de hechos históricos de gran cambio que lo caracterizan, comienza a consolidarse el derecho comercial como una rama autónoma del derecho privado. Las poderosas monarquías que surgen en este período consideran al derecho comercial como una rama del derecho estatal, ya que se reservaban el monopolio legislativo. En ese período se produce la objetivación, ya que muchos no comerciantes practicaban actos de comercio sin intención profesional, y se les aplicaba por lógica el ordenamiento comercial.

Durante los siglos XVIII y XIX surge el sistema capitalista gracias a la ideología política que triunfa con la Revolución Francesa (sin el cambio político que ésta determina el capitalismo industrial hubiera sido imposible). A mediados del S. XVIII y comienzos del S. XIX, se produce una profunda trasformación económica, aparece el capitalismo industrial y financiero, continuador del anterior capitalismo comercial. Esto produce una honda trasformación en el derecho mercantil de la época al que corresponde regular la nueva realidad económica.

Como correlato jurídico, con la formación de las grandes monarquías, el derecho comercial de los estatutos corporativos y de las costumbres recopiladas, cede paso a un nuevo Derecho Mercantil de los Edictos y Ordenanzas Reales, esto coincide con la formación de los estados nacionales. Más adelante aparecen los códigos que, desde principios del s. XIX se extienden hasta nuestros días.

Sociedades: son grandes empresas, que a diferencia de las sociedades personales, limitan la responsabilidad de los socios y dividen su capital en unos títulos llamados acciones; éstos con el paso del tiempo pasan a ser circulatorios. Quienes dirigían estas grandes compañías también quedaban liberados de responsabilidad personal. Tuvieron en su origen una doble vertiente:

  • Privada: fundada en base al poder político basado en los negocios. Favorecen además el anonimato de los dueños del capital.
  • Pública: gestadas por el estado para realizar grandes emprendimientos, por ejemplo las compañías de Indias creadas por varias potencias europeas para la colonización de nuevas regiones.

La forma societaria se va generalizando, y sus técnicas de dinámica interna y externa van adquiriendo más precisión y rigor jurídico. El Código de Napoleón legisla sobre sociedades anónimas y su uso se generaliza en Francia.

Bancos: este tipo de sociedades intermedian exclusivamente con el dinero y los papeles del comercio. Reciben depósitos, otorgan créditos y financian operaciones. Aparece con ellos la “moneda contable”. Son beneficiarios de la forma societaria, la que permite la concentración y el desarrollo del mercado de capitales, y a su vez da mayor elasticidad  a la estructura bancaria.

 

3)  El concepto de derecho del lucro o la especulación económica.

La finalidad de lucro, considerada en sentido estricto, parece inseparable de la actividad mercantil. Aun cuando el comerciante venda con pérdida para conquistar mercados, o inunda un mercado con costosa publicidad y muestras gratis, si bien son actos individuales que pueden ser incluso gratuitos, el comerciante persigue en su actividad un propósito lucrativo.

Sin embargo, hay algunos contratos comerciales que pueden ser gratuitos, como avalar una operación de cambio a favor de un amigo, o depositar en un almacén los frutos que se cultiva, en espera de su venta. Además es un hecho que muchos comerciantes o empresarios no trabajan con el único motivo de ganar dinero, ya que existe el “ánimo de empresa” que se traduce en un esfuerzo de organización y acción muy específica.

El elemento especulativo tampoco es exclusivo de la actividad mercantil, ya que actividades productivas agropecuarias y mineras, al igual que muchas actividades civiles, como las profesionales y artísticas, persiguen un fin de lucro pero no son mercantiles.

Además hay actividades que se desenvuelven bajo formas mercantiles no persiguen un fin de lucro, tal como la actividad cooperativa.

 

4)  Desarrolle el siguiente tema: concepto de  Derecho Comercial, concepción subjetiva, profesional. Concepción objetiva del derecho de los Actos de Comercio.

Concepto: Conjunto de normas jurídicas que regula la actividad de los que tienen calidad de comerciantes, su estatuto y de quienes, sin ser comerciantes, realizan algunos de los actos que el legislador llama “actos de comercio”. Es una disciplina de ciertos sujetos (comerciantes, industriales, auxiliares de comercio, sociedades comerciales) y de ciertos actos y actividades (organización empresarial, actos jurídicos de representación, cooperación e interposición, sistemas de circulación y negociación de bienes muebles, etc.).

Se enseña que el derecho comercial pasa, de un primer estadio subjetivo, en cuanto regula la persona del comerciante, a otro que históricamente se denomina objetivo, porque se establecen actos que son en su naturaleza, mercantiles.

Concepción subjetiva: el Derecho Comercial es el que rige los actos realizados por los comerciantes. Es un Derecho creado para una clase especial profesional de individuos: los comerciantes. Por lo tanto se dice que es un derecho de y para los comerciantes, por eso se la llama también “profesional”. Esta concepción fue considerada como privilegio otorgado a ciertas personas. En Francia, desde una ordenanza de 1673, se empieza a considerar que el derecho comercial no es subjetivismo puro. Si tenemos en cuenta que comerciante es aquel que realiza una determinada actividad, inscripto en el Registro correspondiente y que tiene una calidad que es la de ser comerciante, se puede observar que la concepción subjetiva se apoya en el elemento objetivo que es la actividad comercial.

Concepción objetiva: Su característica es la de considerar al Derecho Comercial como aquel que rige las relaciones jurídicas de aquellos que realizan actos de comercio, sean o no comerciantes. Esta concepción objetiva es la llamada concepción de los “actos de comercio”. Una objeción que se hace a esta concepción es el hecho de que los objetivistas no han podido dar hasta la fecha una idea clara y definida de lo que es acto de comercio.

Sistema argentino: al enumerar en su art. 8 a los “actos de comercio” nuestro Código adopta el sistema objetivo. Sin embargo, la doctrina sostiene que el sistema adoptado por nuestro Código de Comercio no es puramente objetivo sino “predominantemente objetivo” ya que en su art. 5 introduce un elemento subjetivo al determinar que “los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba en contrario”.

 

5)  El derecho comercial del SXXI.

Los distintos movimientos legislativos del Derecho Comercial, los intentos de unificación del derecho privado y la evolución de las instituciones y el examen de los hechos y actos empresarios, son hechos que ayudan a pensar y delinear una nueva normativa de la disciplina para este siglo XXI.

La ley de sociedades argentina, es aún el instrumento legal básico de nuestro orden societario, aunque su estructura va siendo superada por realidades asociativas nuevas. Como la realidad tarde o temprano se impone, resulta evidente hoy que la actividad comercial, industrial y de servicios, desborda la estructura que idearan sus autores. El avance de las organizaciones mercantiles y no mercantiles y de la concentración empresarial, probablemente sea imparable. La multiplicidad de organizaciones empresarias con o sin fines lucrativos directos, pero todas con algún grado de actividad económica, hacen ver como deseable admitir una mayor flexibilización de los esquemas de negocios dentro del sistema argentino de organización empresaria e interempresaria.

Una nueva visión del sistema mercantil, se apartará de los actos de comercio y del ya desusado “estatuto del comerciante” e implantará un “derecho que sirva” al empresario y a la comunidad.

La globalización nos presenta, además de las nuevas necesidades, un nuevo desafío: comprender e integrarnos en un derecho mercantil nacional con proyección hacia lo internacional.

 

6)  Las normas jurídicas escritas. Los primeros códigos.

De las costumbres se pasa a los estatutos, los que van adquiriendo progresivamente más complejidad. De esta autorregulación corporativa se llega a la normativa impuesta por el príncipe o el rey, pasando a ser edictos y ordenanzas reales. Esto va ocurriendo al mismo tiempo que la conformación de los estados nacionales.

Las normas legales, cada vez con mayor precisión jurídica, van siendo recopiladas.

Después de la etapa de las ordenanzas van apareciendo en cada país los códigos, que son compilaciones de mayor extensión, más elaborados técnicamente. Con la codificación se trata de otorgar estabilidad jurídica a las instituciones.

Código francés: se promulga en 1807. Es precursor en la objetivización de la materia comercial, al crear un listado de “actos de Comercio”. Fue la inspiración de todos los códigos que se dictan en los años posteriores, entre ellos el español, italiano, holandés y el código de comercio argentino.

Código español: se promulga en 1823. Contiene las reglas sustantivas de los contratos de comercio, compraventa comercial, fianza, permuta, préstamo, desarrollo que estaba justificado en cuanto no había una codificación civil y que significaba una novedad de gran importancia.

Código alemán: se promulga en 1861, reformado en 1897,  mantiene un sistema objetivo; enuncia  los actos de comercio que denomina básicos, pero que tienen una única consecuencia, cual es atribuir a quienes los realizan “en forma habitual y organizada y con fines de lucro, la calidad de comerciantes”.

Código italiano: promulgado en 1882. Asume la la teoría del “acto de comercio” como fundamento del sistema. Incorpora un verdadero régimen que comprendía la parte general de contratos y obligaciones y contratos en especial. Este Código hace del acto de comercio el eje común de los tres ámbitos:

a.- determina la calidad de comerciante;

b.- determina la jurisdicción comercial;

c.- determina las reglas sustantivas a aplicar.

 

7)  Antecedentes del Derecho Comercial en la época colonial.

Antes de 1810 regía en nuestro país la legislación hispana, las leyes de Indias y las de Castilla, primero, y las ordenanzas de Bilbao de 1737, después, tuvieron vigencia desde 1794, cuando se creó el Consulado de Buenos Aires, aunque se dice que en algunas oportunidades se aplicaron antes.

El primer organismo rector del comercio colonial fue la casa de Contratación de Sevilla; luego se crea el Real Consejo de Indias, que administraba los nuevos territorios y preparaba las leyes que luego presentaba al Rey para su aprobación. Estos organismos aplican las leyes de España, pero luego la realidad del tráfico con América demuestra que éstas eran insuficientes.

En los siglos XVI y XVII se produce una gran cantidad de leyes, creándose el primer juzgado comercial en Montevideo para atender causas de arribadas forzosas o naufragios. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, luego la Real Audiencia de Buenos Aires, y finalmente el Consulado.

La magistratura colonial era compleja, había jueces reales, que eran funcionarios con ciertas atribuciones judiciales, jueces capitulares (integrantes del Cabildo), y jueces de la Real Audiencia (órgano que tenía poder equiparable al del virrey). Este era el fuero ordinario. También había jueces para fueros especiales: militar, eclesiástico, universitario, minero, mercantil.

Con la creación del Consulado, se separaba la jurisdicción mercantil de la civil. Este tribunal, independiente y autónomo, subsistiría en nuestra patria hasta 1862. Tenía una doble función: la judicial, que entendía en pleitos mercantiles, y la administrativa, que se ocupaba de problemas de policía del comercio y fomento del tráfico mercantil. El procedimiento era breve y sumario, y no se exigía la participación de letrados.

Manuel Belgrano fue secretario del Consulado, desde donde bregó por el desarrollo del comercio, la industria naciente y la agricultura.

 

8)  Sanción del Código de Comercio Argentino. Antecedentes. Polémica. Primer gran reforma. Otras codificaciones.

La Constitución promulgada en 1853 impone al Congreso el derecho y el deber de redactar y sancionar un Código de Comercio. La provincia de Buenos Aires estaba en ese momento separada de la Confederación. Dalmacio Vélez Sarsfield era su ministro de gobierno,  y junto con el jurista uruguayo Eduardo Acevedo emprenden la tarea de redactar el código. En 1859 es aprobado por la legislatura de Buenos Aires, y luego de la unión nacional, este código es aprobado sin modificaciones por el Congreso Nacional en 1862.  Tuvo como indudable modelo general el Código francés. También se tuvieron en cuenta los códigos surgidos a partir del francés: español, portugués, holandés, brasileño y el proyecto alemán.

Polémica:tiene que ver con la verdadera autoría del Código de Comercio, si fue obra principalmente de Vélez o de Acevedo. Con el tiempo el análisis histórico demuestra que ambos, con distinta funciones, fueron sus autores. Acevedo proyectaba los artículos sobre la base de códigos y legislaciones extranjeras, y luego Vélez Sarsfield revisaba los borradores, los modificaba o no según su análisis de la doctrina y jurisprudencia.

Primer gran reforma: La sanción del Código Civil en 1871, que legislaba sobre los actos jurídicos, obligaciones, parte general de contratos y otras, hacía imprescindible reformular estos temas en el Código de Comercio. Además, la propia realidad de la materia mercantil, que tiene un gran dinamismo y tiende a actualizarse y reestructurarse constantemente,  hacía que se hiciera patente la necesidad de una reforma. En 1889 se promulga la primera gran reforma del Código de Comercio argentino, a partir de 2 proyectos: uno era el elaborado por Villegas y Quesada en 1873, y el otro elaborado a pedido del Presidente por Segovia en 1887.

Luego, se suceden sucesivas reformas, que a veces eran pequeñas y otras afectaban a instituciones completas.

 

9)  Conceptualizar la circulación de bienes, los actos en masa y la intermediación.

En la búsqueda de una definición para el derecho mercantil, aparecen distintos caracteres o modalidades de la actividad mercantil que son analizados para buscar aquello que le es esencial e inherente, para luego desde allí elaborar una teoría totalizadora.

La circulación de bienes: se sostuvo que el comercio y el derecho que lo rige regulan el fenómeno de la circulación de bienes muebles.

Esto es así ya que el comercio es en esencia movimiento, tráfico, transmisión ininterrumpida, y el derecho comercial promueve y protege dicha circulación. Esta concepción, sin embargo, no resulta totalizadora, pues hay muchas operaciones o instituciones que no se refieren a la circulación, tales como el seguro o el depósito.

Los actos en masa: otra teoría sostuvo que la naturaleza del orden mercantil vienen dado por el ejercicio de actos jurídicos repetidos, o sea en masa o en serie. Sin embargo, existen una multitud de actividades, realizadas por las profesiones liberales o por obreros en relación de dependencia, que son actos en masa y sin embargo no pertenecen al ámbito comercial, tal como el correo. Y hay actividades típicamente comerciales que no se realizan en masa, por ejemplo la actividad directiva del empresario.

La intermediación: esta teoría, analizando los actos de comercio, encontró que todos ellos realizaban algún tipo de intermediación (interposición). Ya sea en el cambio de mercancías, títulos, dinero (bancos), trabajo (empresa), riesgos (seguro). La crítica a esta teoría encontró que existen algunas actividades comerciales, como en la garantía, el mandato, la sociedad, en las que no existe ninguna intermediación.

 

10)  Caracteres del derecho Comercial: la autonomía, la unidad del derecho.

Autonomía: analizando los antecedentes históricos, no hay duda de que el derecho comercial no es un desprendimiento del derecho civil, sino que son un conjunto de normas que, desde el comienzo, intentaron regular una situación nueva, como fue la actividad comercial de la edad media. Vale decir que el derecho comercial es fundamentalmente autónomo en razón de la materia que regula.

Su autonomía didáctica es un hecho en nuestro país y en otros lugares del mundo. Su autonomía jurídica se desprende de la organicidad y congruencia de las distintas disposiciones que lo integran; su autonomía doctrinaria ha recorrido un importante trayecto histórico conformando un importante número de tratadistas y volúmenes dedicados al tema. Respecto a la autonomía legislativa, si bien es evidente a partir de la existencia de un código separado dictado por mandato constitucional, es cierto que en la actualidad existen tendencias unificadoras del derecho privado

Unidad de derecho: el ordenamiento positivo es único e indivisible. Es difícil separar en  forma de compartimientos estancos o grupos de normas a las instituciones y a los sistemas. No es conveniente la parcelación del derecho, a menos que se la use con fines didácticos. Es verdad que cada “rama” del derecho se ocupa de cierto sector de la realidad social. Pero el olvido de la unidad del derecho provoca contradicciones legales que originan pleitos y perplejidad de los jueces.

 

11)  Caracteres del derecho Comercial: transformaciones del derecho; la disgregación.

Transformaciones del derecho: al ser el derecho una ciencia social, no es estático. La cambiante realidad provoca la actualización y el progreso del derecho, aunque siempre con un paso más lento, más conservador, ya que no debiera nunca el derecho aparecer como una innovación social carente de sentido.

La disgregación: tradicionalmente se ha nombrado así a la fracturación de sectores de una rama del derecho para erigirse en verdaderos sistemas, que después pretenden su autonomía. El derecho laboral, que pasó de tener unas pocas normas hasta conformar actualmente un verdadero estatuto,  o en materia civil, la locación de cosas, que evolucionó de ser un simple contrato a erigirse en casi una materia con sus propias reglas y principios.

También existe como contrapartida una tendencia integradora, por ejemplo en ramas como la industria, que se asimiló al derecho mercantil.

Hay 2 cosas a tener en cuenta: por un lado no cerrarse dogmáticamente en sistemas rígidos que pretendan la inmovilidad del sistema jurídico, y por el otro que las tendencias disgregantes no olviden la unidad sustancial del sistema jurídico.

 

12)  Caracteres del derecho Comercial: Unificación e Integración del derecho Privado. La integración.

La unificación en el campo del derecho privado, sostenida durante un tiempo, aparece hoy como una tarea realmente compleja, gracias a la múltiple bifurcación de soluciones posibles. La diversidad en la unificación se da en los medios o caminos para obtenerla:

–  Unidad de criterio en derecho privado, mediante la unificación de los fueros judiciales.

–  Unificación por medio de reglas integradoras de la legislación.

–  Unificación mediante la creación de leyes o códigos de las distintas ramas del derecho.

–  Unificación por tratamiento multidisciplinario, en una misma ley, de un mismo fenómeno.

–  Unificación de reglas internacionales para mejorar transacciones, negocios y la aplicación de la ley en distintos países.

–  Unificación de normas legales tendientes a la integración territorial de naciones de una misma región.

Además de esta diversidad de medios, existen muchas variantes posibles de unificación: un solo código civil que agrupe las materias civil, comercial y laboral; 2 códigos, uno que agrupe las obligaciones o patrimonial con inserción de la materia mercantil, y otro civil; un solo código de comercio para el tema patrimonial civil y comercial; un solo código de derecho privado con algunos temas de derecho público; un código único y genérico de obligaciones y contratos, etc.

El sistema codificado reconoce, en la mayoría de los países, la duplicidad de códigos civil y comercial, originados en Francia. Luego de años avances y retrocesos, hoy se vuelve a pensar en la unificación del derecho privado; de hecho el derecho privado anglo-norteamericano siempre ha estado unificado,  en otros se pasó de la duplicidad a la integración,  y otros se encuentran en proceso de unificación.

La integración: se manifiesta en una doble modalidad: por un lado, se van creando reglas mundiales de derecho unificado; por el otro, se dan grupos de países de una región, que van unificando reglas e instituciones que les permita en un futuro ser una unidad política federada. Del primer caso tenemos organismos internacionales que trabajan en la unificación del derecho, como la Uncitral, que es un órgano de la ONU que trabaja para unificar el derecho privado, y la Unidroit, que es un  organismo paraestatal. Si bien la tarea de estos organismos se realiza a nivel internacional, sus directivas influyen mucho en las legislaciones nacionales. Respecto de la segunda forma tenemos a la Aladi y el Mercosur.

 

13)  Organismos internacionales de unificación del Derecho Comercial: Uncitral, Unidroit, Conf. de la Haya, CIDIP.

UNCITRAL: La Comisión de Las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional: es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas y es el órgano jurídico central del sistema de Naciones Unidas en el ámbito del Derecho comercial internacional. Tiene la labor de fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional.

UNIDROIT: El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma cuya misión consiste en examinar las vías y métodos para la modernización, coordinación, y armonización del derecho privado, en particular del derecho comercial entre los Estados o grupos de Estados.

La Conferencia de La Haya: de Derecho Internacional Privado, es una organización internacional con sede en la ciudad de La Haya (Países Bajos), con 66 estados miembros; tiene por objeto buscar la homologación de las normas de derecho internacional privado a nivel mundial, ha elaborado una treintena de convenciones internacionales donde una veintena están actualmente en vigencia, y de ellas una gran parte corresponde exclusivamente a conflictos de legislación.

CIDIP: las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, organizadas por la OEA, han sido el mecanismo utilizado durante los últimos 25 años para tratar cuestiones de derecho internacional privado, con éxito demostrado. Una de las características principales de las CIDIP es que los temas propuestos para consideración por una conferencia determinada son las recomendaciones presentadas por la CIDIP anterior.

 

14)  Fuentes del derecho Comercial: orden de prelación de las normas. Tener en cuenta arts. 15, 16 y 17 del Código Civil y 207 del Código de Comercio.

Art.15. Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

Art.16. Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

Art.17. Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.

Art.207. El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este Código, es aplicable a las materias y negocios comerciales.

El código de comercio y las leyes complementarias son las normas centrales del derecho comercial. El código civil, las leyes civiles y demás leyes se aplican en forma subsidiaria. Sin embargo la doctrina discute el orden de prelación debida. El código de comercio estipula que el código civil se aplicará en todos los casos no previstos por él. Como el código civil a su vez en su art. 16 da el orden de prelación para la ley civil, allí se produce la doble interpretación.

Considerando que la especial dinámica de la vida comercial no puede apoyarse en estructuras legales que tienen otro origen, otro fin y diferente sentido, el orden de prelación debería ser (para la cátedra), a) ley mercantil y costumbre; b) espíritu de la ley mercantil; c) leyes mercantiles análogas; d) principios generales de la ley mercantil; y e) ley civil.

 

15)  Fuentes del Derecho Comercial: las leyes, los estatutos, influencia sobre la legislación.

Las leyes: es la fuente fundamental del derecho en los países de derecho codificado.

La ley mercantil está constituida por un ordenamiento especial, aplicado por los jueces con el enfoque interpretativo necesario, para evaluar el fenómeno comercial, que es distinto del civil, penal o administrativo. El derecho mercantil debe poseer una depurada técnica, ya que construye instituciones específicas de gran resonancia social. Por ésta razón el estado dispone el control de las actividades reguladas.

El vocablo ley debe ser tomado en sentido amplio, que abarca desde un precepto constitucional hasta una ordenanza municipal o una resolución de la AFIP.

El cuerpo de normas central que rige la materia mercantil es el código de comercio, aunque hay una diversidad de leyes, que situándose en otra rama del derecho, modifican instituciones o conductas mercantiles, como las leyes laborales o impositivas. Hay otras leyes que abarcan varias materias, como la ley de defensa de la competencia, que abarca temas mercantiles, administrativos y penales.

Existen reducciones del orden mercantil al civil, en temas de teoría general, y además reglas que provienen de tratados internacionales, que el país adopta como derecho interno, también en la materia mercantil.

La naturaleza comercial de una norma se determina esencialmente, sobre base del contenido y de la naturaleza de la relación regulada y no por el nombre o la ubicación de aquélla.

Los estatutos: A la manera del antiguo sistema medieval que regía un status especial, el del comerciante, aparecen en nuestros días dos disciplinas estatutarias destinadas a reglar ciertas obligaciones, derechos, deberes, de dos sujetos del derecho mercantil: el del comerciante individual (empresario), y el del comerciante colectivo o sociedades comerciales. Los derechos y deberes del empresario individual se estudian en la parte general e integran el código de comercio; las sociedades comerciales se rigen por una ley especial, la 19550, formando una verdadera institución típica.

Influencias sobre la legislación: los sistemas económico-políticos que predominan en el mundo, el capitalismo y el socialismo, que formaron en su momento verdaderos bloques de dominación, han influido en muchos países generando modificaciones en sus legislaciones, y en sus vidas sociales y económicas. El derecho comercial no ha sido ajeno a esta influencia. También existen tendencias hacia la “publicización”, y se advierte una creciente intervención del estado regulando temas que eran del dominio privado. Existen además 2 tendencias antagónicas: la que va hacia la definitiva unificación mundial del derecho mercantil, y la que piensa en crear soluciones apropiadas para cada país. Todos estos elementos dificultan la tarea de completar y poner al día la materia mercantil.

 

16)  Fuentes del Derecho Comercial: la aplicación de la ley, la jurisprudencia.

Aplicación de la ley: la aplicación del ordenamiento mercantil a instituciones, normas o contratos, establece una pertinencia prioritaria de todo el sistema mercantil, a una situación  identificada como comercial. Esta aplicación no significa apartarse  totalmente de las leyes, principios o instituciones reguladas en el código civil; simplemente, ante la situación de hecho, se establecerá la aplicación de una serie de normas, que no necesariamente van actuando en exclusión de las otras: en ocasiones es necesario aplicar la ley mercantil para ciertos aspectos del negocio y la ley civil en otras. Establecer cual orden debe aplicarse es una tarea judicial.

La jurisprudencia: los repetidos y constantes fallos judiciales pueden invocarse con fuerza parecida a la ley misma. En los temas de fondo, los fallos de la Suprema corte nacional y de los superiores tribunales provinciales tienen poderes unificatorios de interpretación, y si bien los jueces no tienen obligación de seguirlas, tienen un deber moral que responde al respeto a la justicia, a las partes y al principio de economía procesal. Las decisiones judiciales interpretan la ley a la luz de las circunstancias particulares del caso.

 

17)  Fuentes del Derecho Comercial: La apariencia. Obligaciones provenientes del daño causado.

La apariencia se presenta mediante situaciones de hecho, que se manifiestan frente a terceros de buena fe, que creen en la realidad del acto. El ejecutor aparenta un estado o un derecho que no es tal, lo cual hace que el tercero cuente con ese estado o con ese derecho como una realidad jurídica.

En materia mercantil la apariencia se da con mucha frecuencia: se presenta en el ámbito de un mercado, como apariencia empresaria frente a los consumidores.

Un contrato celebrado en masa, no permite que los consumidores investiguen sobre su contenido y extensión.

Frente a la necesidad de proveerse de bienes y servicios, el simple ciudadano contrata, en un estado de elemental confianza y el desconocimiento de las cuestiones técnicas y de detalle.

En esos casos, en el consumidor se da un actuar con error excusable, un acto cumplido de buena fe, que responde a la conducta aparente.

Obligaciones provenientes del daño causado: en derecho mercantil pueden surgir obligaciones surgidas de un hecho doloso o culposo, tal como lo prescribe el art. 1109 del CC., que señala que el que por culpa o negligencia causa un daño a otro, debe repararlo. En el ámbito comercial pueden surgir también obligaciones que provienen de un actuar culposo o doloso. Hay muchos ejemplos donde el sistema mercantil corrige o modifica la teoría general civil (reticencia en materia de seguros, los actos de administradores de la sociedad mercantil, etc.).

 

18)  Nuevas Fuentes del Derecho Comercial.

La globalización del comercio y la multiplicación de los negocios trajeron como consecuencia el desarrollo de un nuevo derecho comercial que es “internacional” en tanto es aceptado por la mayoría de los estados. Estos han advertido que una labor coordinada entre ellos suele ser más eficaz que la acción unilateral de cada uno de ellos por separado. Las formas de cooperación en el plano internacional son muy diversas: desde la celebración de reuniones, conferencias internacionales, o la conclusión de un tratado internacional estableciendo un régimen de consultas, o un intercambio de información hasta la creación de organizaciones internacionales.

Todo este acelerado proceso de adaptación de las legislaciones nacionales a la necesidades de unificación e integración, y la posición del derecho comercial de ser siempre el que primero debe innovar y renovarse para adaptarse a los nuevos escenarios que le propone un mercado globalizado, trajeron aparejadas la aparición de  dos nuevas fuentes, que sin desplazar a las anteriores, operan como nuevos pliegues de un derecho en transformación: el derecho comunitario y el derecho uniforme de los tratados de derecho privado.

 

19)  Los principios UNIDROIT.

Los Principios Unidroit fueron elaborados en 1994 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, organización intergubernamental independiente, con sede en Roma, que tiene como objetivo estudiar los medios para armonizar, organizar y coordinar el derecho privado entre los estados y preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos países de una legislación de derecho internacional privado uniforme. Su objeto se encuentra definido en su estatuto orgánico y persigue la unificación del derecho privado, recurriendo, en cuanto sea necesario, a las normas de conflictos de leyes. Dicha organización está integrada por estados miembros, pertenecientes a los cinco continentes, representativos de diversos sistemas jurídicos.

Se los ha definido como una codificación supranacional de derecho convenido. Así mismo, se afirma que son un conjunto de normas de derecho contractual comunes a diversos ordenamientos jurídicos, mejor adaptadas a las exigencias del comercio.

También que los principios son un paso hacia delante para la globalización del pensamiento legal.

En cuanto al ámbito de aplicación de los principios, éstos están dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales. Una parte de la doctrina los plantea como una nueva lex mercatoria, ya que, los Principios Unidroit constituyen el núcleo de una forma novedosa de regulación de las relaciones comerciales, en especial, los contratos internacionales. De la declaración de 1994 se extrae estos principios:

Libertad de contratación, libertad de forma y prueba, de pacta sunt servanta, de primacía de las normas imperativas, de la naturaleza dispositiva de los principios, de internacionalidad y uniformidad, de buena fe y libertad negocial, de primacía de usos y prácticas, de llegada.

 

20)  Relaciones del Derecho Mercantil con otras ramas del Derecho: Constitucional, Civil, Administrativo, Penal, de la Integración, Espacial, Concursal.

Constitucional: garantiza el marco de seguridad jurídica indispensable para el desarrollo del comercio;  esta seguridad jurídica se vincula a derechos de las personas frente al estado para impedir el despotismo y absolutismo, y se extiende al derecho de propiedad junto a las demás facultades del hombre. La constitución protege en su art. 10 la libre circulación de bienes por todo el territorio, en el art. 14 los derechos de “usar y disponer de la propiedad”, “asociarse son fines útiles”, “ejercer toda industria lícita” que tienen una conexión directa con el proceso económico; protege a la propiedad en su art. 17, y en art. 20 extiende estos derechos a los extranjeros que “gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos…”. Estos principios  garantizan la seguridad jurídica para nacionales y extranjeros, protegen a las inversiones extranjeras y favorecen al desarrollo económico y comercial.

Civil: tiene la más íntima relación: el art.1º del Título Preliminar y el art. 207 del cód. de comercio, determinan la aplicación subsidiaria del derecho civil. Mientras que el derecho comercial regula la actividad del comerciante y relaciones económicas privadas referentes a la producción y al cambio, que se plasman en el art. 8 del cód. de comercio, el derecho civil regula cuestiones atinentes a las instituciones de la vida civil, al goce de los bienes y al cambio sin ánimo de lucro.

Administrativo: el derecho comercial y el derecho administrativo tienen varios aspectos en común: a ambos se los considera categorías históricas, debido a los fenómenos de transformación a los que son sometidos. El derecho comercial debe mutar por las necesidades mismas de la actividad mercantil, que en virtud de la autonomía de la voluntad, constantemente evoluciona y se adapta a los nuevos tiempos. El derecho administrativo, a su vez, cambia por necesidades de orden político, social o económico. Necesita de la sanción de normas que regulen nuevas instituciones o entes. Muchas veces el derecho administrativo debe recurrir al derecho privado, y en particular al comercial, para regular situaciones donde no posee principios propios. Existen además 2 tendencias: por un lado la “comercialización” del derecho administrativo, a partir de la intervención del estado en la economía, generando el fenómeno del “estado empresario”; por el otro se da una “publicización” del derecho mercantil, que se manifiesta en la forma que la doctrina comercial clasifica el obrar administrativo, teniendo en cuenta el grado de intervención en el mercado.

Penal: múltiples son las relaciones que se presentan entre el derecho comercial y el penal, tanto cuando se tocan temas relacionados con la actuación de la empresa o del comerciante aislado en el mercado, como así también cuando se tratan temas de administración y fiscalización de las sociedades comerciales. Se trata de conductas que pueden ser encuadradas en la denominada delincuencia del cuello blanco, fundada en la concentración de poderes en un individuo o grupo de individuos, que someten a laos socios o inversores a sus designios. Los delitos que vinculan al derecho penal con el derecho comercial conforman 2 grandes grupos: a) delitos societarios, y b) delitos de quiebra.

De la integración: los procesos de integración, en particular los que se han dado en la materia económico-comercial (Mercosur-ALCA), lleva consigo la necesaria adecuación de los órdenes jurídicos internos, con el objeto de alcanzar una normativa común.

La legislación comercial sufrirá, en consecuencia a estos procesos de integración, modificaciones en toda su extensión, para alcanzar la armonización de una legislación comercial común a todos los estados que adhieren al proceso de integración.

En nuestro país tenemos un proceso de integración en marcha con resultados concretos, el Mercosur.

Espacial: se debate en instituciones internacionales, regionales y nacionales, los nuevos desafíos que propone el derecho internacional del espacio, y la creciente comercialización de las actividades espaciales.

Organismos nacionales como el CONICET, la CONAE  (Comisión nacional de Actividades Espaciales) y la Universidad de Buenos Aires, e internacionales como el COPUOS (Comisión para los usos pacíficos del espacio) dependiente de la ONU y la Agencia Espacial Europea contribuyen al estudio y delimitación de esta materia. Existen una serie de tratados internacionales firmados por nuestro país, comenzando por el tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que cubre la mayoría de los supuestos de comercialización y privatización de las actividades espaciales; el Convenio de Responsabilidad por Actividades Espaciales de 1984, que trató sobre a) Definición del daño; b) Ley aplicable y c) Solución de controversias.

Concursal: cuando el deudor se halla en imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, hay un ordenamiento jurídico, el derecho concursal, que involucra todos sus bienes y deudas. Este derecho regula la insolvencia, y si bien puede no ser comerciante el deudor concursado (una persona o sociedad civil), resulta evidente la íntima relación de este derecho con el derecho comercial, ya que éste es tiene aplicación directa para el caso del comerciante o sociedad comercial insolvente. El derecho concursal en nuestro país ha sufrido muchísimas modificaciones desde su inicio, ya que debió adaptarse a los constantes cambios de la realidad económica; existen muchos proyectos para modificar el régimen hoy vigente. De su estudio se regulan las relaciones entre el empresario y el concurso.

 

SEGUNDA PARTE

21)  Principios informantes: concepto. La habitualidad. La buena fe.

Concepto: son los que utilizamos para integrar e interpretar la ley mercantil al estudiar las fuentes del derecho comercial. Surgen de la ley y de las costumbres del comercio y se encuentran en todos los órdenes positivos del mundo. Se denominan indistintamente principios informantes o principios generales del derecho mercantil.

Habitualidad o negocio continuado: es una característica destacable de la actividad mercantil su continuidad y repetición en el tiempo. Esta habitualidad debe surgir de la actividad desplegada. La determinación de la habitualidad es una cuestión de hecho. Si los negocios civiles se pueden realizar sin tropiezos en forma aislada, los comerciales necesitan de un cierto tiempo, una continuidad, una repetición, para poder desarrollarse y crecer. Estas características son a las que se refieren los fallos judiciales. La propia CSJN ha establecido como habitual la actividad regular realizada con el propósito de obtener beneficios.

El elemento esencial que determina la condición de comerciante no es, simplemente,  el de una profesión, sino el de una profesión efectivamente ejercida.

El ejercicio de una actividad ininterrumpida debe ser valorado en casos de negocios estacionales, que siguen siendo comerciales, aunque deban, por sus características propias, pasar por períodos de actividad seguidos por otros sin actividad.

La buena fe: es un principio general del derecho, que señala una manera de actuar deseable, y está presente en todo el orden jurídico, tanto sea derecho material como jurisprudencial o doctrinario. Este principio es una faceta de la conducta querida por el mundo de los valores que compone el orden normativo. Es la medida media de la conducta social correcta.

Se halla, sin embargo, por debajo de la caridad, la justicia y la verdad, los 3 componentes esenciales del sistema ético.

El sujeto debe actuar con atención y cuidado en sus negocios o actos, poner la mayor diligencia tendiente a la concreción del resultado, con lealtad hacia la otra parte. Esa es la conducta querida por el orden legal. Lo que se realiza con buena fe debe estar exento de negligencia, malicia, culpa o torpeza.

La buena fe se desenvuelve tanto en la esfera contractual como comercial.

 

22)  Principios informantes: El principio de celeridad en los negocios.

Es sabido que el comerciante produce o intermedia con bienes o servicios, y que mientras mayor sea la velocidad del giro, mayor será la utilidad del negocio y menores los costos. Para ello el comerciante busca los caminos más apropiados para acelerar el ritmo de su producción o del cambio de productos que realiza, recibiendo el apoyo de la interpretación de la jurisprudencia en el tema.

La contratación en masa o en serie es utilizada como una vía jurídica para la regulación de la aceleración del tráfico, ya que permite la rápida repetición de ciertos contratos o negocios. Colaborando así con la salida de la producción industrial y la recolocación de los productos comerciales, mediante la estandarización de los convenios y la simplificación de las formas.

En virtud de la contratación masiva se imponen los contratos tipo o contratos formulario, que aceleran aun más los acuerdos, además de otorgar uniformidad a las transacciones.

La celeridad en los negocios es una necesidad vital, que determina la suerte o fracaso del empresario y de su empresa. Determina una modalidad negocial diferenciada de las actividades similares civiles, tanto en lo esencial como en lo formal.

 

23)  Principios informantes: mayor libertad en las formas y pruebas (o mayor severidad).

Mayor libertad en las formas y pruebas: el derecho comercial, merced a las necesidades prácticas del tráfico, fue liberándose cada vez más de los ritos que hacían el negocio más lento, más complejo, más oneroso. Ejemplo de este hecho fue el contrato de cambio, que era formal y solemne, se celebraba ante notario con una detallada escritura; este contrato termina convirtiéndose en una carta, desprendida de formalidades, que da origen a la actual letra de cambio.

Rige además para todo el derecho privado la regla general de la libertad en las formas negociales (manifestación negocial: cualquier comportamiento exterior de un sujeto, apto para revelar su intención). Es decir que los actos entre las personas, sean orales,  escritos, o de alguna otra forma como en formas actuales de contratación en masa,  producen validez jurídica, y esos actos o gestos son reconocidos como formas negociales válidas.

No existe relación entre la importancia del acto comercial y u solemnidad, ya que por ejemplo la compraventa goza de una gran liberalidad en cuanto a formas, y pueden ser intercambios de muchísimo valor. Sin embargo no para todas las instituciones del derecho comercial existe la liberalidad de formas, ya que hay ejemplos como en el sistema cambiario, en los que se prefieren ciertos ritos y formalidades, que tendrían como beneficio dotarlo de una mayor seguridad jurídica.

 

24)  Principios informantes: La profesionalidad. La onerosidad.

La profesionalidad: según cierta doctrina, este principio debería subsumirse en los principios de la habitualidad y el del lucro. Sin embargo el concepto de profesionalidad debe distinguirse y (para alcanzar la calidad de comerciante) sumarse al de habitualidad. No se trata de una aptitud específica, al modo de la exigida para el ejercicio de las profesiones liberales.

La profesionalidad mercantil debe vincularse a la responsabilidad, a la proyección de su actividad: significa encarar una actividad de contenido económico, afrontar un riesgo, elegir un camino de producción o intermediación de bienes o servicios, insertando su actividad en el mercado. Esta profesionalidad se debe manifestar tanto tratándose de una persona física o de una sociedad comercial. El derecho comercial crea, en virtud de la profesionalidad, una calidad especial de sujetos, dándoles un status jurídico propio y diferente.

La onerosidad: es norma legal que los actos comerciales no se presumen gratuitos, y constituye una regla admitida la que señala que un comerciante o un industrial despliegan una actividad tendiente a realizar buenos negocios, acrecentando su patrimonio con las ganancias obtenidas. Sin embargo no es cierto que la onerosidad sea un principio absoluto en el comercio: la fianza comercial, la actividad cooperativa, la navegación por placer serían excepciones a la regla del lucro. El ánimo de lucro es una presunción importante pero no absoluta.

 

25)  Principios informantes: Principio de las contrataciones posibles respecto de objetos futuros, inciertos y ajenos.

Son modos negociales que se admiten en derecho civil, pero que se dan con mayor reiteración y extensión en el derecho mercantil. El código de comercio admite la compraventa de una cosa ajena, cosa que prohíbe la regla civil.

El empresario contrata pensando en una serie de factores que no están en la mente del ciudadano que celebra un negocio civil. Lo negocios se concretan prometiendo cosas o bienes de otro, que aun no han entrado a formar parte del patrimonio del comerciante, tales como bienes a fabricar o mercaderías en viaje.

En muchas ocasiones el contenido del negocio es amplio porque no se puede precisar; a veces se reserva el derecho de fijar la cantidad de cierta mercadería, el nombre de la nave sobre la cual se embarcará. En el contrato de seguro muchas veces no se puede precisar cuál es la persona o cosa sobre la que recae el seguro.

También es común diferir la fijación del precio del negocio o referirlo al valor del mercado; muchas veces el comerciante compre no poseyendo aun el dinero necesario, y venda antes de obtener la tenencia del bien.

En resumen, las instituciones mercantiles existen precisamente para posibilitar este actuar flexible, ágil, anticipado, inmerso en el acelerado movimiento del mercado en que se actúa.

Esta riqueza de la actividad mercantil no va en desmedro de la seguridad jurídica ni de la buena fe, ya que el ordenamiento legal prevé remedios.

 

26)  Principios informantes: solidaridad obligacional.

La solidaridad es un concepto jurídico que a partir de la mancomunación, posee un efecto que puede definirse como “unidad en la prestación y pluralidad de vínculos”. Se señala que la solidaridad pasiva es utilísima para el comercio, porque ella afirma el crédito personal, que dada la rapidez de los negocios comerciales, no es posible verificar en todo deudor; y puesto que el comerciante siempre está expuesto a riesgos, la solidaridad se erige en garantía indispensable en los negocios de gran importancia. Pese a alguna controversia en la doctrina, en general se acepta la aplicación del orden civil en la materia, el cual estipula que “Para que la obligación sea solidaria, es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos inequívocos…”.

En el orden comercial no hay una reglamentación contraria general al principio de la solidaridad, sino que se establece su utilización en algunos campos del quehacer comercial, como en el derecho cambiario, donde está inserta en instituciones completas la solidaridad pasiva,  o el derecho societario, donde debe estar inserta en forma expresa en la norma.

 

27)  Los actos de Comercio: introducción, el origen del sistema.

Nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo al código de comercio francés, contiene una lista especial de los llamados actos de comercio. Es una concepción que no parte de un concepto unitario de la materia comercial, sino que establece grupos de actos que se consideran comerciales. Esta comercialidad muchas veces depende de factores sicológicos y económicos más que jurídicos.

Esta concepción considera al derecho comercial como una categoría histórica, ya que se presentó inicialmente de forma económica y social, no sujeta a disciplina jurídica alguna.

Las especies que aparecen hoy en la ley como actos de comercio no responden a un criterio fundamental y orgánico, sino que se han originado en motivos históricos y consideraciones prácticas.

El origen del sistema: es el derecho comercial francés el que crea la noción de actos de comercio, que después se transfiere a todo el sistema de derecho escrito.

La formación del derecho comercial ocurrió al lado del civil, sobre la base de costumbres, ordenanzas y edictos reales, disposiciones reglamentarias de los parlamentos y algunas normas del derecho romano. Las reglas propias de los comerciantes para las necesidades de sus negocios vinieron de Italia del norte: los banqueros lombardos y los mercaderes de Venecia, Génova o Florencia hacen que en Europa penetre un derecho comercial simple y práctico. Esas normas fueron recibidas por el resto de los países dándoles un carácter casi universal. En esa época comienza a desarrollarse en Francia el derecho de las ferias, que permiten una jurisdicción especial para los comerciantes.

El acto de comercio es una noción que en su origen sirvió durante la edad media y edad moderna para delimitar la competencia de los tribunales consulares, que conocían en los pleitos entre comerciantes relativos a su actividad; también los no comerciantes voluntariamente se sometían a esa jurisdicción, que era más favorable a los negocios. Los actos de comercio aparecen en la ordenanza de Colbert, creando una lista al solo efecto de aplicarles la jurisdicción mercantil; estos actos se extraen de otros documentos legales o de la realidad comercial. En ese punto comienza el cambio en la concepción del derecho comercial, que pasaba de ser subjetiva a objetiva.

El código de comercio francés perfecciona el sistema respecto de la aplicación: los tribunales comerciales tendrán una competencia objetiva, pues será aplicable a cualquier persona que realice actos de comercio.

 

28)  Acto de Comercio: concepto, ubicación dentro del Ordenamiento jurídico y normativa aplicable.

Concepto: han sido innumerables los esfuerzos de la doctrina para obtener un solo concepto legal, o sea, obtener una única esencia jurídica de estos actos. Sin embargo no es posible obtener un concepto de los actos de comercio, al menos en forma unitaria, y como parte de un sistema coherente.

La concepción que estuvo más cerca fue la de Rocco, que los definió de ésta forma: es acto mercantil todo el que realiza o facilita la interposición en el cambio. A partir de esta definición los clasifica en constitutivos y por conexión o accesorios.

Esta concepción ha encontrado críticas, por intentar reunir en una sola definición a actos de naturaleza heterogénea, por ejemplo:

  • Hay actos de interposición en el cambio que no son mercantiles, como el trabajo y la actividad del agricultor.
  • Hay otros actos, como el cheque, que no realizan interposición en el cambio, pero que han sido declarados mercantiles por la ley.

Tampoco la doctrina nacional obtuvo una definición satisfactoria del acto de comercio, llegándose a establecer que es acto de comercio hecho que la ley considere mercantil.

Por todo esto lo que podríamos concluir en que no es posible comprender unitariamente, en una definición común, a los actos de comercio.

Ubicación dentro del Ordenamiento jurídico: los actos de comercio son objeto de la ley mercantil: integran el código de comercio y son, en esencia, una suerte de resumen de la disciplina. Pero la ley mercantil en sentido amplio abarca otros temas, como el estatuto del comerciante o las estructuras creadas para el registro o control de una parte de la materia mercantil.

También son parte de la ley mercantil los principios informantes del derecho comercial, todo precepto de derecho positivo comercial, y la costumbre comercial. Sin embargo, los actos de comercio comprenden la casi totalidad de la materia.

Una ley puede ser totalmente comercial (código de comercio), puede contener temas tanto comerciales como civiles, o incluso contener temas de derecho público (ley de defensa de la competencia).

La importancia de determinar cuál es la ley comercial, radica en que ella tiene destinatarios concretos y una modalidad de aplicación específica, que parten de los principios informantes. Cuando un supuesto de hecho debe resolverse judicialmente y la norma no es claramente mercantil, el juez repasará la lista de actos de comercio en su primera investigación. O sea que en primer término analiza la naturaleza del acto de que se trata, y en 2do término la calidad de la persona que los realiza.

 

29)  Actos de Comercio: creación de actos de comercio: ¿puede prescindirse del régimen legal? 

El sistema de los actos de comercio, aunque no es de orden público, está constituido por normas imperativas, y los efectos que de ellas se siguen son indisponibles para los jueces y las partes. Por ello será ineficaz una cláusula contractual que establezca que la ley aplicable a un determinado actos de comercio es la civil; también será arbitraria la sentencia que no aplique el sistema legal dispuesto por la ley. El régimen mercantil tiene una aplicación y sus principios informantes tienen una dinámica que no puede ser reemplazada. Por todos estos motivos el régimen mercantil es indisponible; no puede prescindirse del régimen legal.

 

30)  Actos de Comercio: reflexiones sobre ellos, ¿deben enumerarse los actos de comercio?

El sistema español, al igual que algunos otros, hace referencia a los actos de comercio sin indicarlos con precisión. Este sistema fue objeto de críticas, por ejemplo: a) el sistema sería dual, ya que por un lado exige la intervención del comerciante y por el otro crea actos de comercio objetivos; b) en el campo de los contratos no se permite definir el “acto de comercio” porque se utilizan diversos criterios de calificación como los sujetos intervinientes, calidad del acto, lugar donde se lo celebra).

Por otro lado en otros sistemas como el argentino, formulan una lista de los actos de comercio, en las que se agrupan con cierta anarquía:

  • Actos jurídicos calificados de comerciales por ciertas particularidades.
  • Personas jurídicas mercantiles.
  • Ciertos papeles utilizados por los comerciantes, como el cheque, que son de uso generalizado.
  • Conceptos que aluden a una realidad económica pero no jurídica, como la empresa.

La lista sin embargo se la deja abierta e incompleta, de fin de no dejar afuera ninguna actividad mercantil, actual o futura. De forma que enumerar los actos de comercio también resulta una solución problemática, por los siguientes motivos: a) la ley señala cuales actos son de comercio; b) admite que se pueden reconocer otros no enumerados, y c) se da también que alguno de los enumerados no son ya actos de comercio.

 

31)  Clasificación de los actos de comercio: introducción y prueba de dichos actos.

Son muchas las clasificaciones que se han intentado. Puede hacerse una lectura legal de los actos de comercio, que tiende a deslindar su categoría jurídica.

  1. Actos jurídicos de intermediación lucrativa de cosas muebles.
  2. Hechos y actos jurídicos de variada complejidad, relacionados con el punto anterior pero de carácter industrial.
  3. Actos jurídicos, hechos o actividad, referidos específicamente por la ley, como los seguros o las prendas.
  4. Cierta clase de títulos valores, como el cheque, su confección y negociación.
  5. Ciertas organizaciones empresarias, como las de producción en general, o las de depósito o transportes.
  6. Estructura jurídica que es sujeto de derecho, como las sociedades anónimas.
  7. Todo lo relativo al comercio marítimo.
  8. Actos o hechos jurídicos que realizan los factores, tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes.
  9. Convenciones sobre salarios con dependientes y otros empleados (actualmente no vigente porque se ha independizado en el derecho del trabajo).
  10. Derecho real de prenda.
  11. Actos de comercio de una operación mercantil.

Prueba de los actos de comercio: los actos de comercio están establecidos por la ley. Como su descripción es objetiva, no necesitan probanza alguna, pues de la propia actuación surge su naturaleza mercantil o civil. Pero sí deben probarse los actos que no aparecen objetiva e indubitablemente  mercantiles, o aquellos que resultan comerciales para una sola de las partes. La prueba está a cargo del que afirma una postura: que el acto es o no mercantil. Los actos de comercio pueden probarse por todos los medios de prueba, respetando la normativa que impone el propio código de comercio. La duda en materia probatoria la resuelve el juez, ateniéndose a los principios de validez y eficacia del acto, también previstos en el orden mercantil. La determinación de la comercialidad o no de un acto implica la aplicación del derecho comercial y los recaudos legales en materia de capacidad, inhabilidades, formas, publicidad, etc.

 

32)  El acto de comercio y el orden público: la enumeración, ¿es de orden público?

Una forma de clasificar las normas jurídicas consiste en distinguir las normas de organización de las de comportamiento. Estas últimas constituyen una orden para que se haga o se deje de hacer algo, y se denominan normas imperativas.

Como las partes no pueden crear actos de comercio, ni excluir del régimen comercial a un acto que sí lo sea, podemos entender que la enumeración es imperativa. Si se asimila la imperatividad de una norma con el orden público (siguiendo a Borda), se llega a la conclusión de que la enumeración de los actos de comercio es de orden público, ya que se encontrarían por encima de los deseos de las partes contratantes y hasta de la voluntad del juez.

Por otra parte, si aceptamos que se puede distinguir entre las normas imperativas y el orden público (siguiendo a Llambías), y tenemos en cuenta que el art. 8 del código de comercio presenta imperativamente la materia comercial, aunque de modo relativamente amplio (por ser los actos de comercio enumerados reglas primarias que indican actos jurídicos, estructuras no jurídicas, sujetos de derecho, sectores de la disciplina), cuyo contenido se declara imperativamente mercantil aunque esto no se establece directamente,  podemos concluir en que los actos de comercio no son de orden público.

 

33)  El acto de Comercio: analice 4 incisos a su elección del art. 8º del Código de Comercio.

Inc. 1: Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor.

Inc. 2: La transmisión a que se refiere el inciso anterior.

El Inc. 2 tiene relación directa con el 1, ya que es su consecuencia directa. Estos 2 incisos presentan 2 actos jurídicos de tipificación amplia, que por su alto grado de generalización no pueden encasillarse únicamente en el contrato de compraventa de mercaderías.

Para que se configure el acto de comercio debe darse:

a)  Un acto de adquisición a título derivado.

b)  A título oneroso (se excluye la gratuidad).

c)  De una cosa mueble o de un derecho sobre ella (derecho personal o real sobre cualquier bien).

d)  Con ánimo de lucrar con la enajenación (alcanza con la intención especulativa, no importa si se da la enajenación posterior).

Quedan excluidos del carácter mercantil:

  1. La compra de bienes raíces y muebles accesorios.
  2. La de objetos destinados al consumo.
  3. Las ventas de cosechas y ganado que hacen los agricultores y hacendados.
  4. La que hacen propietarios y cualquier clase de personas de los frutos y efectos que perciban a título de salario, renta, dotación, u otro título remuneratorio o gratuito.
  5. La reventa que se hace con el sobrante de los acopios que hizo para su consumo, siempre que lo vendido sea de menor valor que lo consumido.

La cosa adquirida puede retransmitirse en la misma forma o luego de darle otra de mayor o menor valor, debido a una actividad industrial o artesanal.

Inc. 3: Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate.

Toda operación puede entenderse en sentido amplio, comprensivo de hechos o actos jurídicos y contratos.

Cambio: toda operación de cambio es mercantil, independientemente de las personas que intervengan o la modalidad que adopte, aunque no es unánime la opinión, ya que hay autores que excluyen la comercialidad si el cambio no es con fin oneroso. El contrato de cambio es muy amplio desde el punto de vista jurídico: puede realizarse utilizando papeles de comercio o efectivo o giros, entre plazas distintas o en un mismo lugar geográfico, mediante la intervención de 3 personas, una de ellas mediadora en el negocio. La actividad cambiaria en el país se encuentra actualmente fuertemente regulada, con apoyatura de normas penales.

Banco: una moderna interpretación del Inc. 3 debe referirse a la comercialidad de las operaciones, no solo a las cumplidas por bancos, sino a todas las consideradas de intermediación financiera, entre ellas las de interposición crediticia. Son actos de comercio entonces, todas las operaciones que realice cualquier entidad financiera, sean privadas u oficiales.

Corretaje: es un contrato mercantil caracterizado; Engloba 2 actos jurídicos de diversa naturaleza: el corretaje en sí mismo, que es el acercamiento de las partes para que concluyan una operación, y el negocio que esas partes están tratando de realizar, que no es el corretaje sino su objeto, y que puede ser civil o comercial. El inciso es general y se refiere al corretaje en sí mismo, sin atender a cual sea el negocio que las partes concluyan y hasta si finalmente no lo concluyen.

Remate: es la venta pública al mejor postor. El acto de remate lo realizan los rematadores o martilleros, auxiliares del comercio, que también son mediadores entre los que quieren vender mercaderías y los que quieren comprarlas. El remate es una verdadera intermediación entre la oferta y la demanda, en la que el martillero debe permanecer imparcial.

Hay que distinguir entre el acto de remate, que es comercial, de la operación de compraventa entre enajenante y adquirente, a la cual se debe aplicar el derecho que corresponda, por ejemplo en el caso de remate de inmuebles.

Inc. 4: Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheque o cualquier otro género de papel endosable o al portador.

El fundamento del precepto lo hallamos en los antecedentes de los títulos valores, nacidos como instrumentos del contrato de cambio.

Toda clase de de papeles comerciales o títulos valores deben considerarse en el inc. 4º, incluyendo a la letra de cambio con cláusula no a la orden, que aunque pierde efectos cambiarios, debe considerarse mercantil. También el cheque, que es instrumento de pago y no de crédito, podría no considerarse intrínsecamente comercial, aunque en consideración a la costumbre y a la ley, sí debe tener carácter comercial.

 

34)  Aplicación de los actos de Comercio: art. 5º ,2º párrafo del Cód. Comercio, ¿a qué actos se refiere el párrafo? Narre sobre la prueba en contrario y esgrima las  razones del porqué se da esta solución.

“Todos los que tienen la calidad de comerciantes, según la ley, están sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial. Los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba en contrario.”

¿A qué actos se refiere el párrafo?: la comercialidad del un acto queda definida por su propia naturaleza; no es suficiente la calidad de comerciante una de sus partes o ambas. Tampoco el ejercicio de un acto de comercio, como la emisión de cheques, aunque se haga de manera habitual, no confiere la calidad de comerciante a quien los emite. Tampoco son comerciantes, en principio, quienes fundan una sociedad comercial, aunque la persona jurídica creada si será.

El párrafo no se refiere a:

  • Los actos previstos en el art.8, que son declarados mercantiles en forma objetiva.
  • Actos de naturaleza civil, como la compra de un inmueble, que cualquier comerciante puede realizar.

El art. citado se refiere a 2 momentos:

1) Una primera presunción genérica, que da la calidad de comercial a un acto realizado por un comerciante.

2) Un análisis posterior más a fondo, que se referirá al acto cumplido.

Se ubicarán comprendidos por el art.5 segundo párrafo a los actos que, sin ser objetivamente civiles o comerciales, sean ejecutados por un comerciante.

La prueba en contrario: por cualquier medio de prueba, es posible establecer que la presunción del art.5 parr.2 del código no se ajusta al sistema mercantil. Se debe probar que por alguna razón legal o fáctica el acto no es mercantil, pudiendo ser civil o de otro carácter (administrativo, laboral).

Las pruebas serán presentadas cuando haya controversia sobre la naturaleza del acto. Las pruebas servirán para determinar el sistema de derecho que le corresponda (civil, laboral, administrativo, comercial).

Porque se da esta solución legal: el art. pretende cubrir todos los actos que realice el comerciante y que no fueran naturalmente civiles u objetivamente comerciales. El legislador, al establecer esta presunción, ha tenido en cuenta el interés general ya que de esa manera fija una pauta definitoria para ciertas situaciones dudosas, tendiendo con ello dar certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas. Persigue además el propósito de definir la posición jurídica de los contratantes, en defensa de la seguridad de los negocios.

 

35)  El art. 7º del Código de Comercio: la interpretación moderna, las excepciones y el caso de compraventa mercantil.

Art. 7 – Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él, sujetos a la ley mercantil, excepto a las disposiciones relativas a las personas de los comerciantes, y salvo que de la disposición de dicha ley resulte que no se refiere sino al contratante para quien tiene el acto carácter comercial.

Este artículo comprende una regla general y 2 excepciones: un acto único que para una de las partes es mercantil, y para la otra, civil.

Sería el caso en que, dado un contrato bilateral, para la parte para la cual el acto es civil, sus derechos y obligaciones se deberían regir por el derecho civil; y para la contraparte para la cual el acto es comercial debería aplicarse el código de comercio. Opinan los autores que dada la ventaja de someter un acto único a una legislación única, y siendo el orden comercial similar al orden civil, y al ser los intereses mercantiles de mayor interés social, correspondería someter a ambas partes a la ley comercial.

Esta elección del fuero comercial se puede verificar en todos los ejemplos, tales como la compraventa para revender que hace un comerciante a alguien que no lo es, o un contrato de transporte que puede ser civil para una parte pero comercial para el empresario que presta el servicio.

La interpretación moderna: se dan casos, no previstos al momento de la redacción del código,  en que un acto es comercial para una de las partes y administrativo o laboral para la otra. Este presupuesto no estaba previsto al momento de la redacción del art. 7 del código de comercio, que solo prevé la contraparte civil, ya que los derechos administrativo y laboral aun no se habían desarrollado.

En estos casos la solución debe darse analizando prudentemente el caso concreto y aplicando luego el orden legal que corresponda.

Las excepciones: no se refieren al acto en sí mismo, sino a disposiciones relativas al ejercicio profesional del comercio. Estas son:

a)  Cuando la disposición de la ley comercial se refiere a la persona del comerciante.

b)  Cuando la misma ley comercial haga la excepción, declarando su aplicabilidad solamente respecto de la parte para quien el acto tiene carácter comercial.

Ambas excepciones han sido criticadas por la doctrina, la a) por ser más aparente que real (se refiere al estatuto del comerciante, el cual no podría ser aplicado a quien no lo es), y la b) por obvia. Sin embargo ambas serían aceptables ya que clarifican la intención legal, y responden al significado de toda la norma legal.

El caso de la compraventa mercantil: el art. 452 del código de comercio entra en colisión con el art. 7, ya que considera a la compraventa para consumo de orden civil, debido a la ausencia de la intención de especular. Este conflicto debe resolverse a favor del art. 452, ya que la argumentación para dar prioridad al sistema mercantil resulta demasiado forzada, siendo preferible en honor a la seguridad jurídica.

 

TERCERA PARTE

36)  El comerciante: relación entre el comerciante y la empresa.

El art. 1º dispone: La ley declarará comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen por cuenta propia actos de comercio haciendo de ello profesión habitual.

Comerciante en sentido amplio será el empresario individual o colectivo, que se ocupe de actividad comercial o industrial. Con una diferencia, el comerciante colectivo, es decir las sociedades, pueden ejercer actividades civiles o comerciales. En cambio el comerciante o empresario individual adquiere esa categoría únicamente si se dedica habitual y profesionalmente a una actividad comercial o industrial.

Importa la definición ya que si bien todas las personas  pueden realizar actos de comercio, si son comerciantes la sujeción a la ley mercantil es más amplia. Son sujetos de derecho comercial: a) los comerciantes o industriales; b) los auxiliares del comercio y c) Las sociedades comerciales.

Relación entre el comerciante y la empresa: una persona individual que pretenda iniciarse en actividades comerciales o industriales debe formar (si lo hace por sí) una organización, mayor o menor, que le permita insertarse en el mercado de bienes y servicios. ¿Puede existir un comerciante-empresario sin empresa? No, ya que sin un mínimo de organización, no se logran la habitualidad, continuidad ni la profesionalidad requerida.

La organización requerida para la práctica comercial del comerciante individual se advierte de los hechos, ya que no tiene estructura jurídica, es decir que el derecho no provee de reglas que deba observar. En cambio en el caso que varias personas decidan producir o intermediar en el mercado, la ley les provee de una amplia variedad de estructuras llamadas sociedades.

 

37)  El comerciante individual: el comerciante, el industrial y el empresario comercial.

El comerciante pasa a ser empresario cuando la complejidad de los negocios exige del mercader que sea hombre ilustrado, culto. Para dirigir sus asuntos necesita una sólida formación no únicamente mercantil. Debe crear y exigir de sus subordinados un riguroso orden, método y organización.

El empresario aparece como síntesis de las 2 distintas actividades que convergen en el derecho mercantil: el comercio y la industria. La diferencia entre los conceptos de comerciante y artesano con la del empresario es cuantitativa. El pequeño comerciante evoluciona hacia el gran comerciante, banquero o mercader. Lo mismo sucede con el pequeño artesano, cuya evolución es el gran industrial. Ambos, el gran comerciante y el gran industrial son también llamados empresarios. Sin embargo es mejor, dado lo amplio y vago del concepto de empresa, llamarlos empresarios mercantiles.

 

38)   Lealtad comercial. Derecho de la competencia.

Lealtad comercial: las leyes que regulan la lealtad en las relaciones comerciales abarcan muchos aspectos: tratan de disciplinar la conducta de un empresario en el mercado, con respecto a los demás concurrentes sean o no competidores, y también respecto a los consumidores; buscan tutelar la libertad, la debida información y la transparencia en las actividades comerciales. Con la leyes 22.362 de Marcas y designaciones, la 22.802 de Lealtad Comercial, y la 24.240 de Defensa del Consumidor se persigue evitar que los consumidores sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de mercadería, protegiéndose de este modo el derecho de aquéllos a una información adecuada y veraz, en relación al consumo. Ciertas publicidades tienen aptitud para producir un desvío de la clientela o de los eventuales contratantes por medio de un recurso reñido con la lealtad que es legalmente exigible en las relaciones comerciales.

Derecho de la competencia: el objetivo del Derecho de la competencia es promover la “competencia justa” entre las empresas. Basada en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y la economía en general, la ley prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales y el abuso de monopolización. En la Argentina está regulado por la ley 22.262, que trata de asegurar el acceso libre de todas las empresas competidoras al mercado, prohibiendo y sancionando las conductas y actos que, relacionados con la producción o el intercambio de bienes o servicios, limiten, restrinjan o distorsionen la competencia. También se pena la existencia de una posición dominante en el mercado, cuando se la utiliza para:

a)  fijar, determinar o variar los precios de mercado;

b)  establecer ciertos aspectos de la venta y la comercialización;

c)  negarse, sin razones fundadas en los usos comerciales, a satisfacer pedidos para la compra o venta de bienes o servicios en las condiciones vigentes en plaza;

d)  imponer condiciones discriminatorias de compra o venta de bienes o servicios.

También hay abuso de la posición dominante cuando se la emplea para subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones u operaciones suplementarias que no guardan relación con su objeto.

 

39)     El comerciante y el consumidor. Protección del consumidor.

El art. 42 de la Constitución dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Ley 24.240 de Defensa del Consumidor: define así al consumidor: “…toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.” Esta ley descalifica a “las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños”; a las que “importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte”; y a las “que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor”. Además se tendrán “por no convenidas”, y “sin perjuicio de la validez del contrato”, las cláusulas abusivas.

 

CUARTA PARTE

40)  Estatuto del Comerciante: capacidad. Menores.

Capacidad es la aptitud de las personas a adquirir derechos y contraer obligaciones.

Art. 9, párr.1: Es hábil para ejercer el comercio, toda persona que según la ley común, tiene la libre administración de sus bienes.

Art. 9, párr.2: Los que según estas mismas leyes no se obligan por sus pactos o contratos, son incapaces para celebrar actos de comercio salvo las modificaciones contenidas en los siguientes artículos.

El 1er párrafo alude a la capacidad para ejercer el comercio, a partir de la adquisición de la calidad de comerciante. Esta capacidad está regulada por el Código de Comercio; mientras que el 2do párrafo alude a la capacidad para realizar actos de comercio aislados, la cual se rige tanto por el derecho civil como comercial.

La regla general es que a partir del sistema civil, quien tenga capacidad para administrar sus bienes, también podrá ejercer el comercio.

Menores: la mayoría de edad, con todos los atributos de la personalidad, se produce a los 18 años.

Emancipación por matrimonio: prevista en el art. 131 del CC Es irreversible, salvo nulidad del matrimonio para el contrayente de mala fe.

 

41)  Estatuto del comerciante: incompatibilidades e incapacidades.

La incompatibilidad supone capacidad; los actos de los incapaces son nulos, pero los que ejecutan los declarados incompatibles por la ley son válidos

Los motivos de las prohibiciones del ejercicio del comercio son: a) en protección de determinadas funciones o profesiones; b) en tutela del crédito, y c) en interés del comercio o interés público.

Son declarados incompatibles para el ejercicio del comercio:

a)  Corporaciones religiosas: se refiere a órdenes o congregaciones en general. Se excluyen las asociaciones formadas por laicos. Tuvo su origen en una adecuación del código Comercial al derecho canónico.

b)  Clérigos: son quienes han sido consagrados para la celebración de los divinos ministerios.

c)  Los magistrados civiles y judiciales: los primeros son los funcionarios públicos de la administración pública nacional, provincial o municipal de jerarquía superior. No pueden ejercer el comercio en el territorio donde ejercen su autoridad. Para los jueces se aplica igual precepto. Si pueden ambas categorías de funcionarios ser accionistas de una empresa mercantil, siempre que sea una sociedad por acciones. . No pueden ejercer en esas empresas ninguna función de administración ni control.

d)  Interdictos: son los que están bajo algún régimen especial de incapacidad y a los inhabilitados.

e)  Fallidos: son los quebrados cuya conducta se ha calificado y que no han sido rehabilitados luego de la declaración de la quiebra.

f)    Corredores y martilleros: los corredores tienen expresamente prohibido el ejercicio del comercio. A los martilleros la ley no los inhabilitó, pero su ejercicio no es conveniente, dada su específica función.

g)  Escribanos: también se hallan inhabilitados para ejercer el comercio.

Los cónyuges de los inhabilitados no incurren en la misma prohibición, ya que el ejercicio del comercio es personal.

Validez de los actos celebrados por los incapaces de hecho y de derecho: La incapacidad de hecho es la carencia de aptitud para ejercer por sí mismo los derechos que se tienen.

Los actos celebrados con incapacidad de hecho son nulos de nulidad relativa. Los celebrados por incapaces de derecho son nulos de nulidad absoluta.

 

42)  Enumere los requisitos para adquirir la calidad de comerciante y explique cada uno de ellos.

La calidad de comerciante proviene de una situación fáctica: el ejercicio regular y  profesional de los actos de comercio.

Art. 1: La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello profesión habitual.

Art. 6: Los que verifican accidentalmente algún acto de comercio no son considerados comerciantes. Sin embargo, quedan sujetos, en cuanto a las controversias que ocurran sobre dichas operaciones, a las leyes y jurisdicción del comercio.

El orden legal se maneja con contrafiguras: quien habitualmente realiza actos de comercio, haciendo de ello profesión, es comerciante. Pero el que realiza un acto de comercio a modo accidental, no adquiere tal calidad. Solo se aplica el derecho comercial a la operación cumplida, pero no a él mismo.

Análisis de la norma legal que determina la calidad de comerciante: son varios los aspectos a destacar:

a)  Individuos: la ley se refiere a personas de existencia visible. Quedaría excluidas las sociedades comerciales.

b)  Capacidad legal para contratar: hubiera sido preferible hablar de capacidad para ejercer el comercio y no para contratar, ya que no son expresiones análogas, ya que hay ciertas discordancias como corresponde a 2 sistemas de emancipación.

c)  Ejercicio por cuenta propia: para interpretar este inciso hay que distinguir la representatividad del interés en el negocio jurídico. Esta frase contiene un error técnico, ya que dejan afuera a los comisionistas, que obran en nombre propio pero por cuenta ajena.

d)  Actos de comercio: la profesión debe consistir en realizar actos de comercio. Pero no todos ellos otorgan la calidad de comerciante, pues muchos no son actos jurídicos ni contratos que puedan celebrarse.

Profesión habitual: se discute si esta disposición no es redundante por sus términos. Pero son las palabras unidas las que indican una idea aclaratoria cuya intención es marcar bien la voluntad que se ha querido transformar en ley. La habitualidad se refiere a la repetición del acto, en tanto que la profesión alude al medio de vida propio de la persona que los hace.

 

43)  El nombre comercial. La designación: concepto, nombre societario, civil y comercial, cese y firma social.

El nombre de las personas físicas se encuentra regulado por el derecho civil; constituye un atributo de la personalidad, es inmutable y está fuera del comercio: no se puede ceder. En cambio, el nombre con el que un comerciante actúa, si bien puede coincidir con su propio nombre civil, o solamente su apellido, no es un atributo sino un elemento constitutivo del establecimiento industrial o comercial. Es un bien inmaterial sobre el cual el comerciante ejerce el derecho de propiedad; y es parte del patrimonio del comerciante, por lo tanto es cesible.

Sirve para distinguir o identificar al empresario individual o social de sus competidores.

Designación: pude referirse al nombre o al signo distintivo de una actividad. La propiedad se adquiere con el uso, y concluye con el abandono del uso. Este debe ser público y ostensible. No necesita registro, pero puede registrarse como marca, en cuyo caso se le aplica el derecho marcario.

En caso de uso simultáneo se prefiere al que lo utilizó primero en el tiempo, y al él se le otorga el uso exclusivo y la protección legal. Debe ser inconfundible para obtener esa protección.

Nombre societario: La ley de sociedades establece: a) Para las sociedades de interés y las en comandita por acciones, un sistema alternativo de elección entre denominación (nombre de fantasía) y razón social; b) Para las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada, exclusivamente pueden tener denominación, lo que no excluye la posibilidad de usar nombres y apellidos de algunas personas físicas; y c) Las sociedades de hecho se rigen por las normas del nombre comercial para las personas de existencia visible.

Para todos los demás tipos de sociedades, el nombre no es un bien inmaterial transferible, sino un atributo de la persona jurídica; y acompaña a la sociedad desde su nacimiento, donde su inscripción en el registro asegura la exclusividad del nombre, hasta su disolución. Si bien puede ser cambiado, no se lo puede transferir, a menos que se lo haya registrado como una marca, en cuyo caso será la marca lo que se transfiera.

Cese: la cesación del uso hace perder el derecho al nombre: si es un nombre de fantasía, se pierde con la falta de mención del comerciante en sus operaciones; si forma parte de un fondo de comercio, al transferirlo se pierde el derecho sobre ese bien. El tiempo del uso para adquirirlo y perderlo es una cuestión de hecho, que los jueces evaluarán en cada caso.

Firma social: es el conjunto de la firma subjetiva, que la firma hológrafa, de puño y letra y la firma objetiva, que es la mención del nombre comercial del establecimiento, añadida por debajo de la hológrafa. Esta firma social tiene relevancia cuando el comerciante firma documentos cambiarios o contratos. La firma subjetiva obliga personalmente a quien la ejecuta; la firma social traslada la imputación de la obligación a la organización comercial, sea ésta una empresa unipersonal o una sociedad.

 

44)  Enumere y explique las obligaciones comunes de los que profesan el comercio.

La ley obliga al comerciante a cumplir determinados recaudos correspondientes a su calidad de tal.

Art. 33: Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil.

Entre esos actos se cuentan:

1) La inscripción en un Registro público, tanto de la matricula como de los documentos que según la ley exigen ese requisito;

2) La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin;

3) La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros de la contabilidad;

4) La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley.

La matrícula: la ley establece que todo comerciante debe matricularse, es decir, inscribirse como tal en el registro público de comercio, instituto también legislado por el código. Allí se recibe la inscripción del comerciante, de sus documentos y contratos, y se rubrican los libros para llevar la contabilidad.

Libros de Contabilidad: existe la obligación de llevar un orden uniforme de contabilidad, además de la obligación de confeccionar un balance anual o, para el caso del pequeño comerciante, trienal.

La correspondencia: es de vital importancia, pues sirve de respaldo y prueba de las constancias contables. Esta obligación continúa vigente.

La rendición de cuentas: se trata de la exposición precisa y detallada de la gestión cumplida, a fin de que el interesado pueda discutirla o aprobarla, y llegado el caso promover las acciones resarcitorias pertinentes..

Como no toda negociación es objeto de una cuenta, es obligatoria solo cuando se actúa por cuenta ajena o en nombre ajeno o se tiene la obligación de restituir.

Se detallarán en forma completa los ingresos y egresos con los comprobantes contables que los justifiquen; en las diversas relaciones jurídicas enunciadas, cada rendición de cuentas tendrá sus particularidades.

 

45)  Registro Público de Comercio.

Concepto: el derecho define al Registro Público de Comercio como la oficina del Estado encargada de llevar la matrícula de los comerciantes y de inscribir los documentos cuya publicidad es exigida por la ley mercantil. Tiene entonces 2 misiones:

  • La matrícula de los comerciantes (art. 27 y 35 del código de comercio):
  • El registro de los documentos que ellos deben inscribir, el que se llevará en tantos volúmenes distintos cuantos fueren los objetos especiales del Registro (art. 35).

Art. 34: “En cada Tribunal de Comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a cargo del respectivo secretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos.”

Lo que la disposición legal establece es que en cada lugar donde exista un Juzgado de

Comercio se constituya un registro público, el que debe estar a cargo del Secretario del Juzgado. Deberá controlar que las anotaciones que se hagan en los libros del Registro contengan los datos rigurosamente coincidentes con los expresados en los documentos originales que se inscriben; y si se trata de agregación de copias, que éstas sean fieles de sus respectivos originales (exactitud), igualmente deberá controlar que las anotaciones se hagan de acuerdo con las prescripciones legales vigentes (legalidad), pero no tiene ningún poder disciplinario sobre los comerciantes, a los fines de exigirles el cumplimiento de las prescripciones legales.

 

46)  Libros y contabilidad. Rendición de cuentas

Art. 43: “Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva”.

Art. 44: “Los comerciantes, además de los que en forma especial impongan este Código u otras leyes, deben indispensablemente llevar los siguientes libros:

1. Diario;

2. Inventarios y Balances.

Sin perjuicio de ello el comerciante deberá llevar, los libros registrados y la documentación contable que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le exijan la importancia y la naturaleza de sus actividades, de modo que de la contabilidad y documentación resulten con claridad los actos de su gestión y su situación patrimonial.”

La fuerza misma de las cosas ha impuesto a los comerciantes una necesidad que se ha convertido en legal: la de llevar libros de comercio, de acuerdo con un sistema uniforme de contabilidad. Ya fuera del Derecho Comercial, cabe observar que la exigencia de una contabilidad ordenada es impuesta a los comerciantes y a veces a personas o entidades no comerciales pero que desarrollan complejas e importantes actividades en negocios civiles, con propósitos puramente fiscales.

La teneduría de libros consiste en el mecanismo de registración de los libros contables. La contabilidad es la disciplina técnica basada en el procesamiento de datos para la producción de información útil para la toma de decisiones y el control de la gestión.

La rendición de cuentas: se trata de la exposición precisa y detallada de la gestión cumplida, a fin de que el interesado pueda discutirla o aprobarla, y llegado el caso promover las acciones resarcitorias pertinentes..

Como no toda negociación es objeto de una cuenta, es obligatoria solo cuando se actúa por cuenta ajena o en nombre ajeno o se tiene la obligación de restituir.

Se detallarán en forma completa los ingresos y egresos con los comprobantes contables que los justifiquen; en las diversas relaciones jurídicas enunciadas, cada rendición de cuentas tendrá sus particularidades.

 

47)    La jurisdicción comercial: introducción, el análisis del arbitraje y sus clases.

Históricamente se dio la necesidad de de establecer tribunales especiales para atender las cuestiones mercantiles. Nuestro código de comercio no contiene una regulación de los tribunales de comercio, su competencia y procedimiento.

No cabe duda que de que los conflictos comerciales exigen que quienes los diriman conozcan la materia y sus principios informantes. Los negocios y la forma en que ellos deben interpretarse, no coinciden con la visión de un juez civil.

En materia comercial en nuestro país se siguieron 2 caminos para dirimir los conflictos comerciales: por un lado se crearon tribunales especializados en ciertos temas mercantiles, y por el otro se introdujo una forma jurisdiccional no institucionalizada: el arbitraje.

El arbitraje: es un modo de resolver los conflictos mercantiles. Tiene naturaleza procesal, es un contrato seguido de un proceso de justicia privada.}Ante un conflicto entre particulares, una posible solución es la conversación y acuerdo extrajudicial. Otra es el intento compulsivo de la vía judicial. La intermedia es resolver la cuestión por medio de terceros, con imparcialidad, honestidad y capacidad técnica: el arbitraje.

Entre comerciantes, el árbitro reemplaza la juez, pero no será un magistrado del Estado, permanente, sino que intervendrá en casos aislados, percibiendo una paga por ello.

Al arbitraje se llega por vía convencional, pero puede haber alguno impuesto por la ley. Las partes nombran y delimitan la competencia de los árbitros, quienes deben comportarse como verdaderos jueces, aunque con más libertad formal. Su resolución final se llama laudo. Todo derecho patrimonial puede ser objeto de transacción, aunque no es posible someter a arbitraje cuestiones de orden público.

Clases de arbitraje. Se dan 3 divisiones:

  1. Arbitraje convencional: tiene 2 tipos:
  • Cuando surge de pacto o convención. Generalmente forma parte de un contrato o acto jurídico, cuya posible futura controversia se prevé y se deriva al procedimiento arbitral.
  • Cuando se prevé en un acto posterior al contrato. Se hace por contrato separado y resulta así una forma de transacción entre las partes.
  1. Arbitraje legal: es el previsto en el ordenamiento jurídico.

 

QUINTA PARTE

48)  Auxiliares del Comercio, concepto y encuadre legal.

Son empresarios dedicados a una rama concreta del quehacer mercantil. No practican actos de comercio en general, sino que ejercen una parte de las tareas del mercado, con dedicación a veces exclusiva.

Dice el código de comercio en su art. 87: Son considerados agentes auxiliares del comercio, y, como tales, sujetos a las leyes comerciales con respecto a las operaciones que ejercen en esa calidad:

1. Los corredores;

2. Los rematadores o martilleros;

3. Los barraqueros y administradores de casas de depósito;

4. Los factores o encargados, y los dependientes de comercio;

5. Los acarreadores, porteadores o empresarios de transporte.

La lista incluye a quienes trabajan en relación de dependencia como los factores y dependiente, auxiliares de comercio autónomos como los corredores y martilleros, y a verdaderos empresarios dedicados a un rubro mercantil que dirigen, como los transportistas y barraqueros. No es una lista completa ni actual, ya que excluye a diversos empresarios con y sin estatuto específico, como los agentes de bolsa, despachantes de aduana y los banqueros.

 

49)  Estatutos Especiales: agentes de bolsa, concepto y función, requisitos e inscripción, incompatibilidades y sanciones.

Concepto: el agente de bolsa hace de intermediario con exclusividad en la compra y venta y demás transacciones con acciones y títulos en las bolsas, de acuerdo con la ley, los reglamentos y las normas atinentes a la actividad. Es un profesional que conoce el mercado y sus mecanismos, y como tal asesora a su clientela en la colocación de sus ahorros, en la gestión de sus patrimonios, en la colocación de nuevas emisiones de acciones y/o títulos de la deuda pública.

Requisitos e inscripción:

a)  Ser mayores de edad.

b)  Ser accionista en el mercado de valores correspondiente y haber constituido una garantía en él.

c)  Ser idóneo en el cargo; tener solvencia moral y material, lo que es determinado por el mercado de valores respectivo.

d)  Debe ser socio de la bolsa de comercio a la cual está adherido el mercado de valores.

La inscripción se realiza en un registro de agentes de bolsa que llevará el mercado de valores, el cual reglamentará sus formalidades.

Sin esta inscripción será imposible operar legalmente  en un mercado de valores o usar la denominación de agente de bolsa. No es necesario estar registrados como comerciantes.

Incompatibilidades: Si sobreviene una incompatibilidad, antes o después de inscribirse, los agentes de bolsa quedarán suspendidos hasta que ella desaparezca. Los impedimentos son:

a)  Los fallidos por quiebra culpable, casual y los concursados hasta 5 años después de la rehabilitación, los inhabilitados para ejercer cargos públicos, los condenados por delitos cometidos con ánimo de lucro o contra la fe pública..

b)  Las personas en relación de dependencia con las empresas que coticen sus acciones.

c)  Los empleados y funcionarios de la nación, las provincias, municipalidades, con exclusión de los que ejerzan funciones de docencia.

d)  Las personas que desempeñen tareas que los mercados de valores consideren incompatibles con la función del agente de Bolsa.

Sanciones: Los mercados de valores, que son SA con las características y objeto que les otorga la ley, tienen facultades disciplinarias sobre los agentes de bolsa., pudiendo actuar de oficio, a pedido de parte o de la Comisión Nacional de Valores.

Ésta no tiene facultades para fiscalizar directamente la actividad de los agentes de bolsa, pero en cambio fiscaliza las normas legales.

Los mercados de valores podrán aplicar apercibimiento, suspensión y revocación definitiva de la inscripción para actuar como agentes de bolsa.

Se hará un sumario y se resolverá previo descargo (o su rebeldía). La medida se comunica a todos los mercados de valores.

 

50)  Estatutos Especiales: corredores, concepto y función, requisitos e inscripción, incompatibilidades y sanciones.

Concepto: al corredor se lo define como la persona que en forma autónoma, profesional e imparcialmente, aproxima la oferta y la demanda para facilitar o promover la celebración de negocios. No representa a ninguna de las partes, ni concreta el negocio ni celebra el contrato. Sólo se limita a acercar a las partes, que son las que efectivamente concretarán el negocio.

Es una operación auxiliar del comercio porque prepara y facilita la realización del contrato. El lucro está dado por la retribución de la actividad de mediador o intermediación.

El corretaje es en sí mismo mercantil aunque acerque a las partes para realizar contratos civiles (por ej. constitución de hipoteca, compraventa de inmuebles).

El corredor ejerce el acto de comercio (corretaje) en nombre propio y haciendo de ello su profesión habitual. No son agentes auxiliares subordinados (como el factor) sino autónomos con calidad de comerciantes.

Requisitos: son de orden público y excluyentes; están enumerados en los arts. 88, 89 y 90;

–  Ser mayor de edad. (También puede ser menor autorizado legalmente).

–  Poseer título secundario expedido o revalidado en la república con arreglo a las reglamentaciones vigentes

–  Aprobar el examen de idoneidad para el ejercicio de la actividad, que se rendirá ante un tribunal de alzada con competencia en materia comercial, ya sea federal, nacional o provincial.

Además deben probar el ejercicio del comercio por sí (de cualquier clase de actos de comercio) o haber sido socio, gerente o tenedor de libros de algún corredor o comerciante al por mayor, con buen desempeño y honradez.

Inscripción: el corredor que posea los requisitos enunciados deberá inscribirse en la matrícula, bajo pena de perder el derecho al cobro de la comisión.

La jurisprudencia no ha aplicado el precepto con rigor, ya que  podrían darse casos de abuso del derecho, o enriquecimiento sin causa.

La petición de inscripción debe hacerse presentando todos los requisitos, y para lo que no surja claramente deberá ser acompañada de la respectiva prueba. Aprobada la presentación, el postulante prestará juramento ante el juez encargado del Registro Público de Comercio de observar fielmente los deberes que le impone la ley.

Incompatibilidades: existen en el código para el ejercicio del corretaje,  por un lado   inhabilitaciones (art. 88 bis), y por el otro prohibiciones (art. 105 a 108).

Art. 88 bis: Están inhabilitados para ser corredores:

a)  Quienes no puedan ejercer el comercio;

b)  Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta 5 años después de su rehabilitación:

c)  Los inhibidos para disponer de sus bienes;

d)  Los condenados por delitos dolosos incompatibles con la función que reglamente la presente ley; hasta después de 10 años de cumplida la condena.

e)  Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria;

f)   Los comprendidos en el art. 152 bis. del Código. Civil. 

Art. 105: Es prohibido a los corredores:

  1. 1.  Toda especie de negociación y tráfico directo ni indirecto, en nombre propio ni bajo el ajeno, contraer sociedad de ninguna clase de denominación y tener parte en los buques mercantes o en sus cargamentos, so pena de perdimiento de oficio y de nulidad del contrato;
  2. 2.  Encargarse de hacer cobranzas y pagos por cuenta ajena, so pena de perdimiento de oficio;
  3. 3.  Adquirir para sí, o para persona de su familia inmediata, las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni las que se dieren a vender a otro corredor, aun cuando protesten que compran una u otra para su consumo particular; so pena de suspensión o perdimiento de oficio a arbitrio del Tribunal, según la gravedad del caso.

Art. 106: No se comprende en la disposición del artículo antecedente, la adquisición de títulos de la deuda pública ni de acciones de sociedades anónimas, de las cuales, sin embargo, no podrán ser directores, administradores o gerentes, bajo cualquier título que sea.

Art. 107: Toda garantía, aval o fianza dada por un corredor sobre el contrato o negociación hecha con su intervención, ya conste en el mismo contrato o se verifique por separado, es nula, y no producirá efecto alguno en juicio.

Art. 108: Está asimismo prohibido a los corredores:

  1. 1.  Intervenir en contratos ilícitos o reprobados por derecho, sea por la calidad de los contrayentes, por la naturaleza de la cosa sobre que versa el contrato, o por la de los pactos o condiciones con que se celebran;
  2. 2.  Proponer letras o valores de otra especie, y mercaderías, procedentes de personas no conocidas en la plaza, si no presentaren a lo menos un comerciante que abone la identidad de la persona;
  3. 3.  Intervenir en contrato de venta de efectos o negociación de letras pertenecientes a personas que haya suspendido sus pagos;
  4. 4.  Tener, además de la comisión, interés en el mayor valor que se obtuviere en las operaciones, o exigir mayor comisión que la legal establecida o que en adelante establecieran los respectivos poderes legislativos, salvo convención en contrario.

Sanciones: el corredor que contravenga lo dispuesto alguna de las disposiciones precedentes incurrirá en la pena que disponga la ley  o la destitución.

 

51)  Estatutos Especiales: martilleros, concepto y función, requisitos e inscripción, incompatibilidades y sanciones.

La función principal del martillero es actuar en el acto del remate, que siempre será público, sea judicial o no, en el que podrá vender al mejor postor cualquier clase de bienes. Podrá tasar los bienes a su precio real o de mercado, y además solicitar directamente a oficinas públicas  y bancos los informes y certificados necesarios para cumplir su cometido.

Requisitos

a)  Ser mayor de edad. (También puede ser menor autorizado legalmente).

b)  Poseer título secundario expedido o revalidado en la república con arreglo a las reglamentaciones vigentes

c)  Aprobar el examen de idoneidad para el ejercicio de la actividad, que se rendirá ante un tribunal de alzada con competencia en materia comercial, ya sea federal, nacional o provincial, el que expedirá el certificado habilitante en todo el territorio nacional.

Inscripción: es obligatorio para el martillero inscribirse en la matrícula correspondiente a la jurisdicción donde vaya a desempeñarse. Además deberá constituir una garantía real o personal. La Cámara Nacional en lo Comercial fija la forma y el monto de ella para su jurisdicción. EL gobierno de la matrícula lo ejerce la autoridad judicial u organismo profesional, según las leyes de cada región.

Inhabilidades e incompatibilidades

a)  Los fallidos por quiebra fraudulenta o culpable, y los concursados hasta 5 años después de la rehabilitación, los inhabilitados para ejercer cargos públicos,

b)  Los inhabilitados por sentencia judicial (art. 152 del CC)

c)  Los condenados con pena accesoria para ejercer cargos públicos, o por delitos cometidos con ánimo de lucro o contra la fe pública, hasta 10 años después de haber cumplido su condena.

d)  Los empleados públicos.

e)  Los excluidos temporal o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria impuesta por el colegio de martilleros..

 

52)  Defina viajantes de comercio e indique sus funciones.

Concepto: son las personas que facilitan la actividad de las empresas, promoviendo la oferta y la demanda.

Funciones: si bien gozan de cierta autonomía y prerrogativas, por lo que su labor muchas veces se confunde con la de los vendedores a comisión (sin relación de dependencia), los viajantes de comercio trabajan en relación de dependencia del comerciante/empresario. Su tarea es ofrecer los productos o servicios del comercio que representa, sobre cuyas ventas cobra sus salarios, aunque además podrá ser beneficiario de una salario básico mínimo. Los clientes que consigue no son propios, es el empresario el que concluye los negocios. Su actividad está regulada por la ley 14.546, que es especial para ellos y que les otorga varias ventajas, por ejemplo indemnización por clientela.

 

53)  Auxiliares del comercio: análisis y breve narración sobre los despachantes de aduana.

Son profesionales que realizan trámites y diligencias para tramitar y despachar mercaderías y efectos, en operaciones de importación, exportación y otras aduaneras. Deben ser personas de existencia visible, no se admiten sociedades, debido a la exigencia implícita de una actuación y responsabilidad personal.

Trabajan representando a terceros, que son los importadores o exportadores, en la generalidad de los casos, pero también lo pueden hacer en nombre propio.

Son agentes exclusivos ante la aduana, no pudiendo actuar, salvo en caso excepcional, en más de una. Deben inscribirse en un registro propio. Son requisitos para ello:

a)  Ser mayores de edad, tener capacidad para ejercer el comercio, y estar inscriptos como comerciante.

b)  Haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes que a tal fin se establecieran.

c)  Acreditar domicilio real.

d)  Constituir domicilio especial en el radio urbano de la aduana en la cual ejercerá.

e)  Acreditar solvencia y otorgar una garantía a favor de la Administración Nacional de Aduanas.

 

SEXTA PARTE

54)  La empresa: la doctrina tradicional argentina y doctrina de principios de siglo.

Doctrina tradicional argentina: los principales autores que trataron de definirla:

Siburu: la define a partir de la ciencia económica, con sus 3 factores de producción: naturaleza, capital y trabajo, que organizados forman el concepto. También alude al concepto de organización y de la necesidad de un pensamiento director, encarnado por el empresario.

Zabala Rodríguez: la empresa no representa un aspecto parcial o aislado del derecho comercial, sino que atañe a su esencia y a la profesión del comerciante. El comercio es un fenómeno de organización, no es solo intercambio, es la organización para realizar ese intercambio.

Halperín: la empresa es la organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios. Rechaza teorías subjetivistas y parece admitir que la empresa es un objeto de derecho.

Fontanarrosa: empresa es ese quid inmaterial y algo abstracto consistente en la actividad de la organización. Junto a ella está el término hacienda, que es el conjunto de bienes organizados para la explotación de la empresa. La ley mercantil no se ocupa de la regulación del fenómeno económico de la empresa, sino de disciplinar al sujeto empresario y la entidad jurídica hacienda.

Doctrina de principios de siglo: la opinión sobre la empresa en algunos países:

Alemania: a principios de siglo, se abandona la concepción del acto de comercio objetivo, y se crea una nueva dogmática: la de la empresa. La materia comercial se vincula directamente a una actividad profesional, a la organización de una empresa.

Italia: se siguen las ideas alemanas, agregando a la organización empresarial la idea corporativa. De allí surge el criterio de empresa como toda organización de trabajo y capital con finalidad de producción de bienes o servicios para el cambio.

Francia: existe una noción jurídica del fondo de comercio, utilizada en general para la pequeña empresa. El concepto de empresa no está claramente establecido, y algunos autores la asimilan al fondo de comercio, el que no tiene personalidad, y que sus pasivos o activos se confunden con las personas o sociedades que la tiene en propiedad.

España: la palabra empresa se utiliza en su legislación a veces como sinónimo de empresario, y otras como el conjunto de bienes que constituyen el instrumento objetivo que el empresario organiza (equivaldría a hacienda).

 

55)  La empresa. Concepto. El empresario

La empresa, según la concepción atomista (de la cátedra), no es una categoría jurídica. Cada uno de los elementos que la constituyen deberá regirse por la ley que le es propia, dado que la empresa no es sujeto ni objeto, ni puede asimilarse al concepto jurídico de actividad. El ordenamiento no la ha recibido como tal. Si la empresa posee bienes registrables, trabajadores, impuestos para pagar, derechos inmateriales, cada una de estas categorías deberán regirse por el régimen legal que les corresponda.

No son aceptables las posiciones que consideran a la empresa como una universalidad de derecho o de hecho, porque excluyen al derecho o al factor humano.

Tampoco es válida la postura que estima que la empresa es una categoría nueva: ésta sería el derecho que se ejerce sobre una pluralidad de elementos organizados para la producción de bienes o servicios. No es válida porque el orden jurídico no ha unificado la noción de empresa, ni le ha dado cabida aún como concepción de derecho nuevo y particular.

Concepto: organización para la producción o intercambio de bienes o servicios que produce efectos jurídicos.

El empresario: su figura podría reemplazar las antiguas nociones de comerciante y mercader. Además la palabra comprende también muchas formas empresarias, como la del industrial.

La figura del empresario es inseparable de la empresa económica. Esto es así tanto en la empresa de propiedad privada, como en la empresa de economía mixta, cooperativa, estatal, en la corporativa y en la socialista. En los 4 últimos casos el empresario dirigente es el primer empleado de la empresa, pero no el titular del dominio sobre los bienes que la integran. Pero el empresario existe, pues es fundamental su trabajo de organización, dirección y control de la estructura empresarial.

En la empresa capitalista, donde el empresario es también el dueño, si el empresario no es capaz, trabajador o eficiente, la empresa funcionará mal; en las otras al empresario se lo podrá reemplazar.

El empresario privado, si bien tiene como aliciente el ánimo de lucro que es un fin personal, cumple con un interés público, pero para ello debe someterse a la iniciativa privada a límites y obligaciones; y debe apoyarse la gestión pública cuando y donde la iniciativa privada no sea instrumento eficaz del bienestar común.

 

56)  Diferencia entre empresa y sociedad.

La sociedad, que puede ser civil o comercial, es un sujeto de derecho: la civil está definida por el art. 1.648 del Código Civil; la comercial por el art. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La empresa en cambio no se ajusta a ninguna categoría jurídica unitaria, es más bien una categoría económica. Además la empresa puede ser unipersonal, esto es, ejercida por una sola persona física. En cambio la sociedad presupone, al menos, dos personas, sean físicas o jurídicas. Lo que ocurre es que comúnmente la sociedad es la forma jurídica de la empresa económica. Es la forma a la que recurren los socios, empresarios, para actuar unidos, para la realización de un objeto común. Así, para cada organización empresarial podremos encontrar en la ley diferentes clases de estructuras jurídicas para llevarlas adelante, tales como empresario individual, sociedad colectiva, cooperativas, sociedad con participación mayoritaria estatal. También existen empresas reguladas jurídicamente por su fin, como los bancos, las aseguradoras, las bolsas.

 

57)  Empresas civiles,  comerciales y estatales.

A la dificultad de encontrar una categoría jurídica para la empresa, debemos sumar el hecho que la misma no es únicamente mercantil, ni tampoco es privativa del derecho privado. De hecho hay empresa en el orden civil, y también empresas de carácter público. Además habría que distinguir si la empresa tiene o no fin de lucro. De toda esta complejidad, podemos hacer un cuadro:

Clasificación de empresas según el fin de lucro.

a)  Sin fin de lucro

  1.                                                             i.      Derecho Privado
    1. Fundaciones
    2. Asociaciones
    3. Consorcios de propiedad horizontal
    4.                                                           ii.      Derecho Público
      1. Iglesia Católica
      2. municipios

b)  Con fin lucrativo

  1.                                                             i.      Indirecto
    1. Empresa estatal
    2. Cooperativas, Mutuales
    3.                                                           ii.      Mixto
      1. S.A. con participación estatal mayoritaria
      2. Sociedad de economía mixta
      3.                                                          iii.      Personal
        1. Comerciales por su forma: estructuradas según la Ley de Sociedades Comerciales.
        2. Comerciales por sus actos: algunos actos de comercio y las sociedades de hecho.
        3. Civiles: reguladas por el art. 1648 de Código Civil

 

58)  La empresa: el trabajador dependiente.

El trabajador dependiente: no es posible “cosificar” el factor trabajo en una empresa económica. El trabajo es el esfuerzo de un ser humano, no es mensurable únicamente por su resultado; la contratación no es ya un acto de comercio.

La condición de trabajador dependiente surge del análisis de la relación jurídica que se establece entre el comerciante, empresario o industrial, y las personas que colaboran con él: si tienen el mismo nivel de derechos y obligaciones serán socios, compartan o no la dirección; en cambio si están bajo órdenes laborales, cumplen horario, perciben un sueldo, no participan en las pérdidas ni en la propiedad de los medios de producción serán dependientes, empleados u obreros.

El empresario individual o colectivo no puede actuar solo; cuanto mayor es su empresa, tanto más necesita de sus colaboradores.

En todos los regímenes políticos, que van del capitalismo al socialismo, se asigna al trabajo una gran importancia. Algunas soluciones proponen que los trabajadores codirijan o se beneficien con parte de las ganancias o sean copropietarios del patrimonio de la empresa. Nuestra CN consagra en su art. 14 bis cierta participación empresaria, además de consagrar una serie de derechos al trabajador: condiciones de trabajo dignas y equitativas, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, participación en las ganancias con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario,  organización sindical libre, seguridad social, etc.

Según el tamaño de la empresa, existen entre los trabajadores dependientes varios niveles de responsabilidad, que podemos subdividir en el factor o gerente, y los otros empleados o auxiliares, que se desglosan en empleados, dependientes, profesionales, técnicos, agentes externos, mandatarios, comisionistas, etc.

  • Nivel gerencial o factor: en las empresas pequeñas su función está cubierta por el propio empresario, sin embargo en las empresas actuales a partir de adquirir cierto volumen, les resulta imprescindible contar con un factor: es quien tiene poder general de administración y secunda al empresario, siempre con una relación de dependencia.

En las SA el factor se llama gerente o gerente general; en las SRL no hay gerentes, la función la cumple el órgano de administración de la sociedad.

En las empresas grandes o complejas pueden existir varios niveles gerenciales, pero siempre todos dependen de un gerente general o equivalente.

Tienen gran jerarquía y poderes, que crecen a medida que crece la organización empresarial. La doctrina le asigna a su función la naturaleza jurídica de un mandato general de administración con representación del principal.

  • Otros empleados y auxiliares: hay auxiliares del comercio que cumplen tareas para el factor o empresario pero sin relación de dependencia: corredores, martilleros, comisionistas; no son factores pero ejercen a veces con un mandato especial, actuando por cuenta del mandante; en otros casos trabajan en nombre propio. Son en general comerciantes, calidad de la que carece el factor.

Hay otras categorías de subordinados del empresario que tampoco son factores: técnicos o especialistas, asesores, empleados de diverso nivel, obreros. Cumplen órdenes e instrucciones, tienen la obligación de estar a las órdenes del principal dentro de un horario, reciben un sueldo o remuneración; algunos tienen cierta capacidad legal para contratar, pero es un poder especial, para determinados actos; no es un poder general de administración como el que tiene el factor.

La ley de contrato de trabajo se aplica tanto a factores como a los demás empleados en relación de dependencia; prevé una serie de derechos (remuneración, seguridad, ocupación, igualdad en el trato, ascensos, vacaciones, licencia, régimen de despido, derecho de huelga, etc.) y deberes de los trabajadores (fidelidad, responsabilidad por daños, justificación de ausencias, etc.)

 

59)  La empresa: capital y ubicación espacial.

Capital: hay que diferenciar entre los conceptos de patrimonio y capital. El patrimonio es el conjunto de créditos y deudas que cada persona (física o jurídica) posee; existen muy pocas personas que no posean un patrimonio aunque sea mínimo.

El concepto jurídico de capital designa un conjunto de bienes (materiales y/o inmateriales) y créditos, sobre cuya base se inicia una actividad comercial.

Si la empresa es individual, el capital de ella será una parte del capital total del empresario, parte que está afectada a un objeto y fin determinado; sin embargo, el patrimonio del empresario responderá en su totalidad por las deudas de la empresa, salvo sus bienes declarados inembargables.

Si el empresario es colectivo y adopta la figura de sociedad de personas, incorpora el principio de la subsidiariedad en cuanto a la responsabilidad y patrimonio personal del socio. Si el empresario colectivo es SA o SRL, el patrimonio de la sociedad será independiente del patrimonio de los socios, y la responsabilidad del socio, en cuanto a su propio y personal patrimonio, no le alcanzará.

Tanto en las sociedades como en las empresas individuales, el capital será una cifra ideal inalterada (salvo aumento o disminución por causas legales), que revelará que es lo que el empresario promete como aporte a la empresa. Puesta en marcha la empresa se invertirá el capital y las cifras no coincidirán: una cosa es el patrimonio como conjunto de créditos y deudas a valores reales, y otra la cifra del capital, que es por naturaleza intangible.

Locación espacial: El empresario necesita casi siempre, para su giro, por lo menos 1 bien inmueble. Sólo en el caso de pequeños mercaderes ambulantes u otros casos de excepción, el ámbito físico de desenvolvimiento de una empresa económica no es un inmueble. Tiene muchas denominaciones: negocio, local, casa, empresa, escritorio, oficina, agencia, sede, comercio, establecimiento, fondo de comercio, etc.

–  Local habilitado: es el local con autorización suficiente para funcionar, habilitación dada por municipalidad o equivalente. Forma parte del patrimonio del comerciante, y la habilitación es un bien inmaterial.

–  Para el caso de locales ubicados en zonas especiales, que luego son impedidas para la creación de nuevos comercios, esta habilitación tiene también un valor económico.

–  Establecimiento: cierta doctrina lo define como la unidad económica o técnica de producción, como por ejemplo el establecimiento donde una industria elabora sus productos. Otros autores lo asimilan a la sede; el CC lo asimila a sucursal. Una acepción conveniente es la que reemplazaría los conceptos de fondo de comercio o fábrica por la de establecimientos industriales o comerciales.

–  Sucursales: las empresas económicas en general, sean individuales o societarias, cuando crecen necesitan descentralizar sus operaciones. Por lo general en el comercio y menos frecuentemente en la industria se da esta noción. Casa matriz y sucursales son establecimientos distintos, pero tienen un solo patrimonio y una misma administración: se desenvuelven en lugares geográficos distintos por razones de descentralización. AL frente de la sucursal se encuentra un factor, que deberá inscribir sus poderes. La contabilidad es una sola, aunque tiene cierta independencia momentánea, que luego se integra a la principal. Tienen las sucursales un domicilio especial.

–  Filiales: a diferencia de la sucursal, se trata de una organización jurídica distinta, con distinta personalidad, medios propios y conducción diferenciada. Sin perjuicio de que ambas unidades, la empresa y su filial, son jurídicamente independientes, con patrimonio, organización, nombre, domicilio y personalidad diferenciada, las filiales son controladas total o parcialmente por su casa matriz, mediante algún mecanismo previsto en el derecho societario.

–  Agencias: es una oficina del empresario, sin atribución jurídica alguna y sin autonomía. Puede realizar tareas de administración, cobranza, recepción, etc. Entre la agencia y la sucursal existen diferencias que en algunos casos pueden llegar a confundirlas, cuando la agencia importante comienza a tener funciones de sucursal, o cuando sucursales pequeñas pueden ser en realidad agencias. Sin embargo al frente de la agencia no hay un factor sino un jefe. La diferencia entre ambas no es legal sino doctrinaria.

 

60)  Fondo de comercio: hacienda, avviamento, llave, clientela.

Hacienda: para alguna doctrina es un sinónimo de fondo de comercio, otros lo igualan al patrimonio comercial. Sin embargo, en nuestro derecho el término hacienda no tiene cabida, ya que es un concepto tomado del código civil italiano. En la doctrina de éste país para algunos a la empresa le asignaban la naturaleza de sujeto y la hacienda el objeto, y otros que negaban la subjetividad de la empresa estimaban que un concepto era dependiente del otro. Y otros le asignaban a la empresa un significado político, y a la hacienda un significado objetivo, como conjunto de bienes.

En nuestro país, además del tradicional significado económico, jurídicamente nada significa, por lo que su uso debe ser descartado.

Avviamento y llave: la doctrina les asigna muchos significados a estas voces típicamente comerciales. Avviamento es un término italiano que no ha llegado a ser unívoco ni en el país de origen ni en la doctrina europea. Aquí algunos autores le dan el significado de “valor llave”, que es otra noción de difícil comprensión, ya que constituye un concepto abstracto que depende del establecimiento que lo origina. Un negocio será próspero y ofrecerá mayores utilidades a partir de trabajo del empresario y sus colaboradores: depende de la forma en que el comerciante maneje sus costos, su clientela, sus empleados, sus proveedores. También influyen otros factores como el lugar del establecimiento y su entorno social. La ley de transferencia no incluye al “valor llave” como parte del fondo de comercio, pero se le reconoce una realidad jurídica y sobre todo, económica.

No debe confundirse con la organización, la dinámica o la clientela al valor llave o de resultado. Este será la expresión en términos económicos  de lo que el comercio o industria han evidenciado hasta el momento en que se calcula: la aptitud del comercio para producir ganancias. Por consiguiente es un valor mensurable que forma parte del precio de venta.

Clientela: está incorporada en la ley argentina la noción de clientela: es la habitualidad de un determinado número de personas en la concurrencia a un comercio; es uno de los elementos que integran el valor llave.

En la ley de transferencia se menciona a la clientela como integrante del fondo de comercio, aunque la costumbre de ciertas personas de concurrir a un local no es inmutable, ni tampoco transferible. Por eso algunos fallos y mucha doctrina asimilan a la clientela al concepto de “valor llave”.

 

61)  Fondo de Comercio: concepto, transferencia: régimen legal, proyecto de reforma.

Concepto: tal como está legislado en nuestro país, a partir de la ley para su transferencia y de la ley de contrato de trabajo, el fondo de de comercio es una estructura jurídica o mecanismo, apto para permitir la venta de una organización o empresa económica en bloque, facilitando la labor del empresario adquirente, que puede continuar con la explotación sin solución de continuidad. En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, la ley de contrato de trabajo asegura la persistencia de los derechos sociales (antigüedad, derecho a indemnización, vacaciones, etc.) del personal contratado. Según nuestro régimen legal, el fondo de comercio no es (como lo aceptaría la doctrina) ni la empresa en sentido estático ni tampoco el conjunto de bienes materiales e inmateriales de la empresa.

Régimen legal: son transferibles todas las instalaciones y mercaderías, el derecho al local (que deberá regirse por las reglas de cada situación), y los derechos inmateriales, tales como marcas, patentes, nombre, clientela, etc. La ley solo permite la venta en bloque, la venta fraccionada solo es admitida en caso de remate. Sin embargo existe otras formas jurídicas para vender en parte: la transferencia de determinadas mercaderías o maquinarias, la compra de empresas con estructura societaria con el simple cambio del titular, la absorción, fusión, compras de activo, etc.

Puede hacerse en forma directa o por medio de corredor o escribano o martillero.

El titular del fondo de comercio deberá entregar al comprador una nota con el detalle de todos sus acreedores, con sus domicilios, mostos del crédito y plazo de vencimiento.

La intención de transferir deberá publicarse por edictos en el boletín oficial. Los acreedores pueden oponerse hasta 10 días después de la última publicación.

La venta se puede hacer en remate público.

Proyectos de reforma: los más importantes fueron 2: el de 1958 del Dr. Michelson, y el de 1969 de Le Pera.

Proyecto de 1958: fue encargado por el Poder Ejecutivo al Dr. Michelson; fue un proyecto estudiado públicamente, y su propio autor se encargó de responder las críticas. Constaba de 37 artículos, y algunos autores lo calificaron de contener una concepción totalmente original. Alguna crítica se le hizo a su extensión, otros cuestionaron la intervención obligatoria de los bancos o en su defecto, de escribanos públicos. Las deudas no eran totalmente oponibles, y se preveía un régimen de transferencia de deudas.

Proyecto de 1969: fue solicitado a consecuencia de las ideas del jurista Le Pera expuestas en un congreso de derecho comercial. Fue un anteproyecto que tendía a facilitar la transferencia del fondo de comercio coincidente con la naturaleza de la universalidad que se transmite; proponía transferir las deudas y la titularidad de los contratos y créditos del fondo; pero mantenía el sistema de publicidad.

Tenía otros aciertos como proponer las pertinentes reformas penales. Era también destacable la brevedad, precisión y sencillez del sistema que adoptaba. Casi no tuvo críticas.

 

62)  Fondo de Comercio: procedimiento hasta su inscripción registral.

Los artículos 3 y 4 establecen que el enajenante entregará al presunto una nota firmada enunciativa de todos los créditos adecuados (con nombre y domicilio de los acreedores, monto de los créditos y fecha de vencimientos).

El documento de transmisión sólo podrá firmarse después de transcurridos diez días desde la última publicación.

Hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto, reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito en cuenta especial en el Banco, correspondiente a las sumas necesarias para el pago.

Este derecho puede ser ejercido por todos los acreedores, tanto los reconocidos por el vendedor en la nota referenciada precedentemente, cuanto los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos o acreditasen la existencia de ellos por asientos llevados de conformidad a las reglas del Código de Comercio.

Durante el lapso señalado de 10 días estarán sujetas a que se solicite la pertinente medida cautelar. Transcurrido el plazo sin que se haya solicitado embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante.

Los artículos 5 y 6 preven retenciones, depósitos, embargos judiciales y cauciones para asegurar los derechos de los terceros acreedores.

Según el artículo 7º, vencido el plazo señalado sin que se hayan deducido oposiciones o bien, si se han cumplido las disposiciones del artículo 5º, respecto a las deducidas, (depositados los importes) el documento de venta puede ser otorgado válidamente debiendo extenderse por escrito e inscribirse dentro de los diez días, en el Registro Público de Comercio (o en otro especial creado al efecto) para que tenga validez respecto a terceros.

 

63)    Fondo de comercio: Bienes inmateriales.

Se denomina “propiedad industrial” al conjunto de bienes inmateriales que integran a la empresa, comprendiendo: a) Patentes de invención, b) Marcas de fábrica y comercio, c) Dibujos y modelos industriales, d) Asistencia técnica y operativa, e) Suministro de ingeniería, transferencia de tecnología y f) Know-How. Algunos autores agregan el nombre comercial a esta lista.

Tradicionalmente el derecho civil se ha ocupado de la protección de las obras y creaciones artísticas, y el derecho comercial de las correspondientes a la técnica, el industria y el comercio. La protección tiene tanto un sentido positivo, al permitir que el autor disfrute de su obra, como negativo, al impedir que otros utilicen su creación.

La protección de la creación intelectual no se basa en la compensación por la realización de un trabajo, sino en el interés de promover el progreso cultural o técnico.

 

64)  Los bienes inmateriales: patentes de invención, regulación legal. Marcas de industria, comercio y agricultura, designaciones.

Patentes de invención: Ver infra 72

La marca es un nombre o signo distintivo de un producto o servicio; la designación lo es de una actividad. Aplicados en el comercio o la industria, estos signos distintivos adquieren un valor relevante: su función es hacer conocer un producto, servicio, una actividad, para diferenciarlos de la competencia.

Es importante la identificación precisa del producto, servicio o actividad, pues sobre ellos se establecerá un privilegio legal, oponible a toda la comunidad, en beneficio de quien registre el nombre o signo distintivo.

La función de identificación se cumple en el mercado y va estrechamente unida a la publicidad que el empresario propietario de la marca vuelca sobre ese mercado.

 

65)  Contratos de empresa: condiciones generales del contrato; contratos autorregulatorios y coactivos o forzosos.

Existen 2 posiciones en la calificación de contratos de empresa. Una posición designa no a contratos sino a modalidades de la contratación masiva moderna; la otra llama contratos de empresa a aquellos en los cuales al menos una de las partes es empresa.

Analizaremos la primera posición, e infra la segunda.

Condiciones generales del contrato: son cláusulas o contratos completos, que los empresarios redactan para imponer sus condiciones al mercado en el tráfico en masa que realizan; desde el punto de vista de los clientes del empresario, éstos solo pueden adherir o rechazar.

Contratos autorregulatorios: son aquellos en que las partes fijan reglas de derecho en detalle, como ser su interpretación, eligiendo también la jurisdicción aplicable.

Contratos coactivos o forzosos: se dan cuando existe la obligación de celebrar un contrato con determinada persona en términos inflexibles, de los cuales no sea posible separarse. Un ejemplo serían las regulaciones estatales sobre control de precios.

 

66)  Contratos de empresa: contratos típicos como “contratos de empresa”.

Se denominan contratos de empresa un cierto número de contratos típicos, en los cuales al menos una parte es empresa, y ella utiliza estas estructuras para la exteriorización y realización de su actividad empresarial. Estos son, en una clasificación, los siguientes:

a) Contratos de colaboración asociativa (sociedad), o de colaboración simple (comisión, agencia, corretaje, etc.); b) Contrato de cambio, donde se produce la transmisión de bienes o de servicios (compraventa, suministro, transporte); c) Contratos de garantía (fianza, hipoteca mobiliaria); d) Contratos de cobertura de riesgo (seguros) y e)

Contratos de concesión de crédito (préstamos, contratos bancarios).

Esta clasificación tiene una gran generalidad. Denominar estos contratos como “de empresa” nada quita ni agrega a su tipificación y modalidades.

 

67)  Contratos comerciales: contratos tipos, contratos normativos, automáticos, científicos.

Contratos tipo: son aquellos en los que se han establecido las cláusulas principales, dejando a los contratantes la posibilidad de incluir disposiciones en su interés particular. Tienen mucha semejanza con los denominados contratos-formularios.

Contratos normativos: so la previsión de un conjunto de normas lógicas y conexas que forman la estructura del contrato, para garantizar la aplicación de ellas a una masa de contratos futuros.

Contratos científicos o automáticos: nacen del avance tecnológico y se concluyen sin necesidad de redactar un escrito o firmarlo, tales como la contratación por medio de máquinas. Estas modalidades principales del moderno contratar del publico en el mercado, tienen como características comunes: a) se celebran repetitivamente o en masa; b) restan autonomía a las voluntades contratantes, y c) deben interpretarse de un modo que contemple la buena fe, es decir, contra el proponente.

 

SÉPTIMA PARTE

68)  Contrato de Seguro. Concepto. Riesgos asegurados.

Concepto: Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto.

Caracteres: es bilateral, consensual, oneroso, de duración, aleatorio, comercial.

El objeto del contrato de seguro es la cobertura contra un riesgo que amenaza un interés económico.

Riesgo asegurado: constituye el punto central del seguro, el evento alrededor del cual giran todos los demás aspectos de la relación asegurativa. Es precisamente para ampararse de los riesgos que los amenazan, que las personas recurren al seguro a fin de neutralizar económicamente los perjuicios, también económicos, provocados por el siniestro. La incertidumbre es la cualidad esencial del riesgo, por ello si no hay tal incertidumbre (ya fuera porque el riesgo ya se produjo o por haber desaparecido la posibilidad de su acaecimiento) el contrato sería nulo. La incertidumbre en el acaecimiento del siniestro presume la posibilidad de que ocurra y éste, debe ser de tal naturaleza, que sea posible que acontezca, pero que al mismo tiempo resulte incierto si sucederá o no.

 

69)  Contrato de Seguro. Elementos esenciales. Oferta y aceptación del contrato de seguro.

El objeto del contrato de seguro es la cobertura contra un riesgo que amenaza un interés económico. Ese interés económico debe ser lícito. El asegurado al contratar busca amparo contra riesgos que amenazan sus intereses. Por eso, resulta lógico lo que dice la ley, cuando determina la nulidad del seguro, si al tiempo de su celebración, el siniestro se hubiera producido o desaparecido la posibilidad de que se produjeran, ya que en ambos casos, no existiría más el riesgo y resultaría entonces imposible buscar protección contra ellos.

Elementos específicos: el riesgo, la prima y el interés asegurado.

Partes: las partes en el contrato de seguro son:

  1. Asegurado: el titular del interés asegurado. En la mayoría de los casos coincidirán la persona del asegurado y la del tomador, en un solo individuo; pero puede ocurrir que el tomador, sin ejercer representación alguna, contrate el seguro por cuenta ajena o por cuenta de quien corresponda, resultando -en tal caso-, distintas las personas del tomador y del asegurado. Los beneficiarios en el seguro de vida, por ej. los hijos, no son partes en el contrato.
  2. Asegurador: son empresas que realizan contrataciones en msa de operaciones, más o menos homogéneas, por lo que utilizan contratos tipos, instrumentados en formularios con cláusulas generales impresas (son cláusulas predispuestas).

Capacidad: para contratar un seguro se requiere la capacidad genérica y debe tenerse presente que la contratación de un seguro es un acto de administración.

Oferta y aceptación: Muchas veces se concreta el contrato a través de un intermediario que se llama “productor de seguros”, que tiene como tarea estimular la oferta, convenciendo de la necesidad de buscar al amparo del seguro a quienes están amenazados por algún riesgo. Aceptada la sugerencia, se firma una solicitud o propuesta de seguros; que el productor mismo se encargará de entregar a la empresa de seguro. El asegurador recibe la propuesta y la estudiará a fin de establecer si la cobertura requerida es técnica y comercialmente aceptable y dispondrá que se efectúen las averiguaciones o verificaciones del estado del riesgo (estado del depósito, revisación médica, etc.) luego realizará los cálculos de la prima y posteriormente la emisión de la póliza. El asegurador podrá revocar la propuesta ya que el contrato de seguro recién estará concluido con la aceptación de su propuesta por parte del asegurador; esta aceptación normalmente se realiza mediante la emisión de la póliza (por ello decíamos que el contrato es consensual) pero en la práctica al asegurado le será muy difícil demostrar esa aceptación mientras no cuente con la póliza.

 

70)  Contrato de Seguro. Forma. Prueba.

Forma: El contrato se instrumenta en una póliza que normalmente se extiende en un solo ejemplar. La ley de seguros establece que este contrato sólo puede probarse por escrito, pero se admitan los demás medios de prueba si existe principio de prueba por escrito.

Requisitos de la póliza: La ley admite la instrumentación por la póliza que el asegurador entrega al asegurado y dispone que debe estar debidamente firmada por el asegurador, con redacción clara y fácilmente legible. Esta exigencia atiende a uno de los aspectos más delicados del seguro: la redacción de la póliza. El asegurado se encuentra en este aspecto en una situación de desventaja, ya que se le impone una póliza referida a un contrato de técnica económico-jurídica, sumamente compleja, y en cuya redacción no ha intervenido. Por ello se resuelve uniformemente en la jurisprudencia que toda cláusula ambigua u oscura del contrato es interpretada en contra del asegurador.

Se suma a las ambigüedades otro problema propio de los contratos de seguros donde, para reducir espacio se reduce tanto la letra de las pólizas que se hace prácticamente ilegible.

Por ello la ley exige que los contratos sean emitidos en formularios adecuadamente redactados e impresos (es decir, con letra legible), aún cuando tal requisito no es cumplido normalmente, conforme consta en la realidad.

Las pólizas deben contener: a) Los nombres y apellidos de las partes, b) El interés o la persona asegurada, c) Los riesgos asumidos, d) La indicación del momento en que los riesgos son efectivamente cubiertos, e) El plazo de vigencia del contrato, la prima o cotización la suma o sumas aseguradas y f) Las condiciones generales del contrato.

 

71)  Contrato de Seguro. Obligaciones y cargas del asegurado, obligaciones del asegurador.

Obligaciones y cargas del asegurado:

  1. Pagar la prima: Como lo expresa la Ley de Seguros es el tomador quien está obligado al pago de la prima, disposición razonable por cuanto el tomador es la persona que contrata el seguro. La ley establece también que el asegurador no podrá rehusar el pago de la prima que pretenda efectuar un tercero, lógicamente, salvo disposición expresa del asegurado.
  2. Declaración del estado de riesgo: es la declaración correcta del estado del riesgo necesaria para la debida evaluación por el asegurador.
  3. Carga de no agravar el estado del riesgo: o de mantener el estado del riesgo. Se entiende por estado del riesgo “un estado de hecho concreto o imaginado como tal, referido al presente, o a un determinado momento histórico, considerado desde el punto de vista de la probabilidad que, dado ese estado de hecho, se verifique el siniestro”.
  4. Carga de informar la variación del estado del riesgo: La carga de mantener el estado del riesgo impone la de informar sus variaciones. Si en el contrato se indican las causas de agravación se estará en lo pactado; si no se las indica se estará a las que alteren el estado del riesgo descripto en la propuesta. De noexistir propuestas, se analizarán las que se juzguen importantes.
  5. Carga de informar el acaecimiento del siniestro: Tiene por objeto poner al asegurador en condiciones de controlar las circunstancias en que se produjo para establecer si condice con la garantía asumida. Exige que el asegurado tenga conocimiento cierto del acaecimiento. Es una declaración de conocimiento.
  6. Carga de informar los daños sufridos: El asegurador debe ser informado cuando antes de los daños, para hacer posible su inmediata liquidación. Incumbe al asegurado y a quien tenga derecho a la prestación.
  7. Carga de prevenir el siniestro: El asegurado debe evitar el siniestro (y los daños) con diversas medidas de prevención. Las pólizas fijan para algunos siniestros, las medidas de prevención que deben adoptarse según los riesgos (matafuegos, sistemas de alarma, etc.).
  8. Carga de evitar y disminuir los daños. Salvamento: Consiste en adoptar las medidas que reducen el peligro cuando éste se concrete o amenaza concretarse. Comienza desde que el siniestro es inminente y subsiste hasta que aún son posibles los daños.
  9. Prohibición de cambiar las cosas dañadas: Es una carga temporaria que dura desde el siniestro y hasta la liquidación de daño: tiene por objeto impedir que el asegurado haga desaparecer los rastros de las causas del siniestro y los restos que permiten establecer la importancia de los daños.

Obligación del Asegurador:

  1. Obligación de indemnizar: Producido el siniestro el asegurador tiene la obligación de indemnizar el daño asegurado. El concepto de “daño asegurado” resulta de los conceptos de interés y del riesgo que soporta el asegurador, por lo que se la define como: El perjuicio o destrucción del interés por el siniestro, en la medida asumida por el asegurador.
  2. Pronunciamiento sobre el derecho: producido el siniestro e informado éste por parte del asegurado, el asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro del término de treinta días, la omisión en pronunciarse importa aceptación.

 

72)  El Contrato de Seguro. Clasificación. Reaseguros. Primas.

Clasificación: la ley los clasifica en:

  1. Seguros de daños patrimoniales: cubren el Interés (por eso se los denomina también seguros de interés) que una persona puede tener respecto de una cosa o de un derecho determinado (por ej. el interés del propietario respecto de su casa, que no se la destruya con un incendio, o que le roben determinados objetos, o que se reparen daños sufridos en un accidente de tránsito a su vehículo). Este seguro también comprende el interés que pueda tener respecto del patrimonio en general, para el caso que éste pueda verse gravado por una obligación, nacida de alguna circunstancias que generen responsabilidad por ej. un accidente de tránsito sito contra un tercero, por ello se llama seguro de responsabilidad civil.
  2. Seguros de personas: Presentan dos variedades:
    1. Los seguros de vida, relativos a la duración de la vida humana, que constituye el eje sobre el cual giran (pudiendo darse tanto bajo la forma de seguro para el caso de ocurrir el fallecimiento del asegurado, como también para la hipótesis de que éste sobreviva determinado lapso, e incluso formas mixtas comprensivas de ambos casos) y
    2. Los seguros cuyo funcionamiento no está vinculado a la duración de la vida del asegurado sino a sucesos o accidentes que puedan provocar un daño en la salud, en la integridad física o la pérdida de la vida (seguros de accidentes personales).

Reaseguros: La doctrina mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan por aceptar que el reaseguro es una operación de seguro, y la legislación parece coincidir, cuando autoriza al asegurador a asegurar a su vez, los riesgos asumidos, aunque continuando como único obligado respecto del tomador del seguro.

Se ha definido al tratado de reaseguro como “el contrato en el que se establecen y regulan los seguros que se reaseguran, estableciendo la cuantía y las condiciones de la cesión, el procedimiento para liquidar los futuros siniestros, las reservas que se constituirán, la eventual formación de depósito de garantía, la participación del reasegurado en los beneficios del reasegurador, en su caso, y el procedimiento para regular las relaciones del crédito y deuda recíproco, y su duración”.

Los contratos de reaseguros, pueden ser de carácter facultativo u obligatorio.

  1. Facultativo: El reasegurado tiene la facultad de reasegurar, y el reasegurador tiene la facultad de aceptar o no; o también reasegurar parcialmente.
  2. Obligatoria: Otorga una seguridad al asegurado frente a una posible insolvencia del asegurador.

Primas: En el sentido amplio se refiere al precio del seguro. Es decir a lo que el asegurado debe pagar por el mismo. En sentido restringido o técnico, es el costo del riesgo conforme a los análisis y cálculos estadísticos. La prima se encuentra en estrecha relación con el riesgo ya que constituye la medida económica del mismo en función de la mayor o menor probabilidad de que acontezca el siniestro.

 

73)  Contrato de Seguro: Interrupción. Suspensión. Prescripción y caducidad en la ley de seguros. 

Interrupción: Los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpen la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización.

En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de tres años desde el siniestro. El plazo de la prescripción no puede ser abreviado. Tampoco es válido fijar plazo para interponer acción judicial.

Suspensión del término: Cuando la demora obedezca a omisión del asegurado, el término se suspende hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la ley o el contrato.

Prescripción: Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible. Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro se computa a partir del vencimiento de la última cuota. En el caso del último párrafo del artículo 30, se computa desde que el asegurador intima el pago.

Caducidad:las partes pueden convenir la caducidad de los derechos del asegurado, siempre y cuando la ley no haya prescripto otra cosa, si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo al siguiente régimen:

–       Si la carga u obligación debe cumplirse antes del siniestro, el asegurador deberá alegar la caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento. Cuando el siniestro ocurre antes de que el asegurador alegue la caducidad, sólo se deberá la prestación si el incumplimiento no influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de la obligación del asegurador;

–       Si la carga u obligación debe ejecutarse después del siniestro, el asegurador se libera por el incumplimiento si el mismo influyó en la extensión de la obligación asumida.

En caso de caducidad corresponde al asegurador la prima por el período en curso al tiempo en que conoció el incumplimiento de la obligación o carga.

 

OCTAVA PARTE

74)  Patentes de invención: regulación legal, concepto, certificados de adición, las patentes complejas.

Nuevo descubrimiento o invento es el nuevo producto industrial, los nuevos medios  y la nueva aplicación de medios conocidos para la obtención de un resultado o producto industrial. El progreso social exige el progreso de la técnica industrial. Por ello quien por su esfuerzo e inteligencia realiza un invento, tiene derecho a su propiedad y con ella a explotarlo o a ceder su explotación a otros, así como a disfrutar en exclusiva los beneficios económicos que de él pueda obtener.

Concepto: la patente de invención es un derecho exclusivo que el Estado otorga al inventor, a cambio de que éste brinde a la sociedad el fruto de su investigación. La solicitud de patente se publica a los 18 meses, dejando de ser secreta para pasar al estado de público conocimiento.

Las enseñanzas técnicas derivadas de esa solicitud, pueden servir de base para que terceros desarrollen perfeccionamientos sucesivos, contribuyendo a un mayor avance en el estado de la técnica. El derecho exclusivo tiene una duración de 20 años, durante los cuales el titular puede justamente, impedir que terceros exploten su invención.

Pasado ese lapso, la patente pasa a ser de dominio público, ello significa que cualquier persona puede hacer uso de la misma sin tener que abonar regalías al titular de la patente.

Patentes de adición: Todo el que mejorase un descubrimiento o invención patentada tendrá derecho a solicitar una patente de adición. Las patentes de adición se otorgarán por el tiempo de vigencia que le reste a la patente de invención de que dependa. En caso de pluralidad, se tomará en cuenta la que venza más tarde.

Patentes complejas: La solicitud de patente no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo en general. Las solicitudes que no cumplan con este requisito habrán de ser divididas de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

 

75)  Patentes de invención: la transmisibilidad, la publicidad, nulidad y caducidad.

Transmisión: La patente y el modelo de utilidad serán transmisibles y podrán ser objeto de licencias, en forma total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación. Para que la cesión tenga efecto respecto de tercero deberá ser inscripta en el INPI. Los contratos de licencia no deberán contener cláusulas comerciales restrictivas que afecten la producción, comercialización o el desarrollo tecnológico del licenciatario, restrinjan la competencia e incurran en cualquier otra conducta tales como, condiciones exclusivas de retrocesión, las que impidan la impugnación de la validez, las que impongan licencias conjuntas obligatorias, o cualquier otra de las conductas tipificadas en la Ley N 22.262 o la que la modifique o sustituya. Salvo estipulación en contrario la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o modelo de utilidad, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo. La persona beneficiada con una licencia contractual tendrá el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan al titular de los inventos, sólo en el caso que éste no las ejercite por sí mismo.

Publicidad: El anuncio de la concesión de la Patente de Invención se publicará en el Boletín que editará la Administración Nacional de Patentes. El aviso deberá incluir las menciones siguientes:

a)  El número de la patente concedida;

b)  La clase o clases en que se haya incluido la patente;

c)  El nombre y apellido, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante y en su caso del inventor, así como su domicilio;

d)  El resumen de la invención y de las reivindicaciones;

e)  La referencia al boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud de patente y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones;

f)    La fecha de la solicitud y de la concesión, y

g)  El plazo por el que se otorgue.

Nulidad: Las patentes de invención y certificados de modelos de utilidad serán nulos total o parcialmente cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley que las regula. Si las causas de nulidad afectaran sólo a una parte de la patente o del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

Cuando la nulidad sea parcial, la patente o el certificado de modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de un modelo de utilidad o de una patente independiente.

La declaración de nulidad de una patente no determina por sí sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes independientes dentro de los 90 días siguientes a la notificación de la declaración de nulidad.

Caducidad: Las patentes y certificado de modelo de utilidad caducarán en los siguientes casos: a) Al vencimiento de su vigencia; b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia no podrá afectar derechos de terceros; c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento al que estén sujetos, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;

d) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de 2 años por causas imputables al titular de la patente.

La decisión administrativa que declara la caducidad de una patente será recurrible judicialmente. La apelación no tendrá efecto suspensivo.

No será necesaria declaración judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos de someter al dominio público al invento; tanto la nulidad como la caducidad operan de pleno derecho. La acción de nulidad o caducidad podrá ser deducida por quien tenga interés legítimo. Las acciones de nulidad y caducidad pueden ser opuestas por vía de defensa o de excepción. Declarada en juicio la nulidad o caducidad de una patente o de un certificado de utilidad, y pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada se cursará la correspondiente notificación al INPI.

 

76)  Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Agentes de la propiedad industrial.

INPI: Es un organismo que depende de la Secretaría de Industria y Minería. Su misión es la protección de los derechos de propiedad industrial, a través del otorgamiento de títulos y/o efectuando los registros establecidos en la Legislación Nacional para tal fin.

En tal sentido, el INPI es órgano de aplicación, y debe asegurar la observancia, de las leyes que regulan las Patentes y Modelos de Utilidad,  las Marcas),  la Transferencia de Tecnología y de los Modelos y Diseños Industriales.

Además regula las incumbencias profesionales, los derechos y obligaciones, las condiciones de inscripción y exámenes de los Agentes de la Propiedad industrial.

Agentes de la propiedad industrial: sus tareas son, entre otras:

a)  asesorar a sus representados en todo lo relativo a la preparación, presentación y tramitación solicitudes de patentes, marcas y modelos ante el INPI.

b)  asesorar al cliente en todo lo relativo a la cesión de sus derechos, incluido el otorgamiento de licencias de explotación, ya sea negociando y redactando los correspondientes contratos, ya sea, si el cliente es el licenciatario, dando nuestra opinión sobre las condiciones propuestas por el licenciante y sugiriendo y negociando modificaciones, así como procediendo a su inscripción registral.

c)  Contestar las vistas corridas por el INPI en expedientes de ciertas solicitudes de marcas, y formular los recursos administrativos. Estas tareas también las puede realizar un abogado.

d)  mantener al cliente informado de nuevas solicitudes de patentes, modelos y signos distintivos en el sector relacionado con su actividad y, en su caso, iniciar las acciones pertinentes, tales como presentación de oposiciones,

e)  asesorar al cliente sobre si determinadas actuaciones de terceros constituyen o no infracción de sus derechos de Propiedad Industrial o sobre si sus propias actuaciones constituyen o no una infracción de los derechos de Propiedad Industrial de terceros.

Requisitos para obtener la matrícula:

a)  ser mayor de edad o menor emancipado, con residencia en el país.

b)  Poseer título secundario reconocido.

c)  Haber asistido al curso de capacitación y haber aprobado el examen en el INPI.

d)  Abonar arancel  de matriculación.

Impedimentos: No podrán ser agentes

a)  Funcionarios y empleados del INPI hasta 2 años después de haber cesado su relación de dependencia.

b)  Los condenados por el delito de violación de secretos del art. 156 del Código Penal mientras dure el término de la pena.

c)  Los condenados por cualquier delito doloso de acción pública en contra de la Administración Pública, mientras dure el término de la pena.

d)  Los fallidos no rehabilitados

e)  Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de profesión, comercio o industria.

 

 

 

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